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El informe elaborado por primera vez por la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional, una organización no gubernamental con sede en Suiza, mide los niveles de crimen y acciones de gobierno en los 193 Estados miembros de las Naciones Unidas.

“Las organizaciones narcotraficantes de México se encuentran entre los grupos mafiosos más sofisticados del mundo”, señala el reporte.

“Los cárteles de la droga controlan el territorio en gran parte de México, cooptando al Estado a través del soborno y la intimidación, con el objetivo de facilitar sus actividades ilícitas.

En el reporte, México encabeza los “Mercados Criminales” como trata, tráfico de personas, armas, comercio de heroína, cocaína, cannabis, drogas sintéticas, delitos contra la flora, fauna y recursos no renovables.

De México destaca que “sus valores democráticos y la defensa del Estado de derecho se han visto comprometidos, lo que reduce su capacidad para abordar eficazmente el crimen organizado”.

Además, alerta que los ataques contra periodistas ocurren a la par de una zona de guerra.

“Los periodistas en México corren un mayor riesgo de ser asesinados que aquellos que se encuentran en zonas de guerra”, destaca.

Por delitos, la puntuación más alta es para el tráfico de armas, con 8.8 puntos, seguido del comercio de drogas, que incluye el de heroína, con 8.0; de cocaína, con 9.0; de cannabis, con 8.0, y el de drogas sintéticas, con 9.0.

El de tráfico de personas, con 8.5; la trata de personas, con 7.5, y los delitos contra los recursos no renovables, flora y fauna, con 7.5, 7.5 y 7.0, respectivamente.

«México es un país de tránsito para la trata de personas, principalmente para las víctimas centroamericanas que se dirigen al norte. El tráfico sexual dentro de México y hacia Estados Unidos también es sustancial», destaca el Índice, publicado en septiembre pasado.

«Las estrictas regulaciones fronterizas debido al Covid-19 interrumpieron las operaciones de tráfico en la frontera entre Estados Unidos y México, lo que resultó en menos víctimas, pero con un valor más alto. Sin embargo, las restricciones internas no han tenido un impacto significativo en el mercado interno de México, ya que los confinamientos se observaron de manera deficiente», agrega.

En segundo lugar de mercados criminales aparece Colombia, el país con el mayor mercado de cocaína, que obtuvo 7.2 puntos. Nigeria, el tercer lugar, fue calificado con 7.05, seguido de Myanmar, también con 7.05.

Pese a que en México no es legal, señala el índice, uno de los mercados más consolidados en el país es el del comercio de armas, por lo que los cárteles de la droga compran armamento en Estados Unidos y las pasan de contrabando a través de la frontera.

«El inmenso flujo de armas ilícitas de Estados Unidos, junto con las granadas y los RPG-7 (lanzacohetes) de América Central y la fuga de armas de las fuerzas de seguridad internas corruptas, exacerba la violencia armada y el armamento criminal», detalla.

En cuanto al tráfico de drogas, subraya que México sigue siendo el principal origen de la heroína y la mariguana consumidas en Estados Unidos, al tiempo que el consumo en ese país de analgésicos por la epidemia de opiáceos ha incrementado la producción de estas sustancias en el territorio mexicano.

«Los cárteles mexicanos también participan en la producción y el transporte de metanfetaminas y, cada vez más, de fentanilo», indica sobre esta sustancia que en Estados Unidos está cobrando decenas de miles de vidas por año.

«El fentanilo y sus precursores se producen predominantemente en China, y los cárteles mexicanos importan y trafican los productos a Estados Unidos, aunque también se produce en el país».

Ante este panorama, el Estado mexicano no cuenta con las capacidades para combatir al crimen organizado, pues según el Índice, su resiliencia sólo llega a 4.46 puntos, lo que lo coloca en el lugar 112 de los 193 evaluados, y en el 24 de los 35 de América.

La resiliencia mide la capacidad de responder al crimen organizado con los componentes de integridad territorial, sistemas de lucha contra el lavado de dinero, capacidad de regulación económica, apoyo a víctimas y testigos, así como prevención y actores no estatales.

«Las deficiencias estructurales del sistema legal de México obstaculizan su capacidad para combatir el crimen organizado. Aunque el país ha ratificado una variedad de tratados internacionales y tiene numerosas leyes relacionadas con el crimen organizado, estas no se aplican bien y están paralizadas por la corrupción», señala.

«México cuenta con una unidad de aplicación de la ley y una unidad judicial específicamente encargada de combatir el crimen organizado. Sin embargo, la corrupción, la ineficiencia y la falta de investigación de casos debilitan las estructuras para perseguir al crimen organizado».