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Aunque el comisario de Seguridad Pública Municipal, Julio Salas, destacó una disminución en los homicidios dolosos registrados durante junio al comparar los 15 casos contabilizados hasta el momento con los 28 ocurridos en el mismo periodo del año pasado, la realidad es que detrás de las estadísticas permanecen historias humanas que difícilmente pueden convertirse en motivo de celebración.

Durante su intervención, el jefe policial enfatizó la reducción del 46 por ciento en este delito, presentándolo como un indicador positivo derivado de la estrategia de seguridad implementada en la ciudad. Sin embargo, la narrativa oficial deja una reflexión inevitable: 15 homicidios representan 15 vidas arrebatadas, 15 familias afectadas y una herida social que ninguna cifra porcentual alcanza a dimensionar.

Si bien los números son una herramienta indispensable para medir el desempeño institucional, especialistas y organizaciones han señalado en reiteradas ocasiones que la seguridad pública no puede evaluarse únicamente a través de comparaciones estadísticas, sino mediante la percepción ciudadana y el impacto que cada hecho violento deja en la comunidad.

La reducción de homicidios es un dato relevante y debe reconocerse como un objetivo de cualquier estrategia gubernamental; sin embargo, convertirlo en un logro presumible puede resultar insensible para quienes han perdido a un ser querido.

La ciudadanía, además, continúa expresando preocupación por los episodios de violencia que siguen registrándose en distintos sectores de la capital, particularmente aquellos relacionados con la delincuencia organizada, ajustes de cuentas y el uso de armas de fuego.

El contraste entre 28 homicidios y 15 no elimina la gravedad del problema. La disminución no significa que la ciudad esté libre de violencia, sino que ésta persiste, aunque en menor magnitud respecto al año anterior.

La discusión de fondo también apunta a una exigencia constante hacia las autoridades: que las estadísticas vayan acompañadas de resultados sostenibles, prevención del delito, atención a las causas de la violencia y acompañamiento a las víctimas indirectas.

Porque, al final, la seguridad pública no debería medirse únicamente por porcentajes o comparativos anuales. Cada homicidio representa una pérdida irreparable y, mientras exista una sola vida truncada por la violencia, difícilmente habrá espacio para los triunfalismos.

La reducción de los números puede ser un avance administrativo; la pérdida de una vida humana nunca será una cifra menor.