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Las autoridades estatales y federales desplegaron este jueves un fuerte operativo de seguridad en municipios serranos de Chihuahua tras reportes de movimientos vinculados al crimen organizado en la región de Madera y Gómez Farías.
Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, Ejército Mexicano y Agencia Estatal de Investigación realizaron recorridos en brechas, comunidades rurales y zonas boscosas consideradas estratégicas para grupos criminales dedicados al trasiego de droga.
El operativo ocurre en un contexto de creciente tensión por disputas entre organizaciones criminales que buscan controlar rutas utilizadas para tráfico de drogas y movilidad armada en la zona serrana.
Durante las acciones de vigilancia se instalaron puntos de revisión y sobrevuelos de reconocimiento. Habitantes de distintas comunidades reportaron presencia constante de convoyes oficiales desde las primeras horas del día.
Autoridades estatales señalaron que el objetivo principal es contener posibles enfrentamientos y fortalecer la seguridad en regiones históricamente afectadas por violencia relacionada con el narcotráfico.
El despliegue ocurre además semanas después de la polémica generada por la presencia de agentes estadounidenses durante operaciones contra laboratorios clandestinos en Chihuahua, tema que continúa provocando debate político y diplomático.
Sectores empresariales y productores locales manifestaron preocupación por el impacto que la inseguridad tiene sobre actividades económicas, especialmente ganadería, turismo rural y comercio regional.
Analistas consideran que la Sierra Tarahumara seguirá siendo un punto estratégico para organizaciones criminales debido a sus condiciones geográficas y cercanía con rutas fronterizas hacia Estados Unidos.
Mientras tanto, corporaciones de seguridad aseguran que continuarán los operativos coordinados para evitar que grupos armados fortalezcan presencia territorial en municipios serranos.
La situación mantiene en alerta a las autoridades de Chihuahua, que enfrentan presión política y social para reducir homicidios, desplazamientos y actividades vinculadas al crimen organizado en el estado.
