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El gobierno de Brasil dispensó a 13 militares que integraban un gabinete de seguridad de la Presidencia, profundizando la reforma ordenada por el mandatario Luiz Inácio Lula da Silva en el Ejecutivo tras la violencia desatada por partidarios del exgobernante ultraderechista Jair Bolsonaro, el 8 de enero en Brasilia.
El anuncio fue publicado en el Diario Oficial de la Unión este miércoles, un día después de que otros 40 militares fueran también apartados de sus funciones en la residencia presidencial, el Palacio de la Alvorada, en la capital. Los uniformados separados este miércoles integraban el Gabinete de Seguridad Institucional, responsable de asistir al presidente en labores de seguridad nacional y política de defensa.
Los cambios ocurren una semana después de que el mandatario de izquierda, de 77 años, manifestara su desconfianza sobre algunos uniformados que cumplen funciones auxiliares en las sedes de gobierno. Lula compartió sus reservas sobre algunos de ellos tras la invasión a las sedes de los tres Poderes públicos en Brasilia a manos de miles de seguidores de Bolsonaro, a quien derrotó en un balotaje a fines de octubre pasado.
El dignatario dijo entonces que estaba convencido de que hubo complicidad interna en la invasión del 8 de enero, ocurrida exactamente el día en que cumplía una semana de regresar al poder por tercera vez en su trayectoria.
La reforma en el entorno más cercano de Lula tiene lugar en momentos en que avanzan las investigaciones para determinar quién participó, organizó y financió la violenta invasión a los edificios de la Presidencia (Palacio de Planalto), el Congreso y la Corte Suprema. Más de 2 mil personas han sido detenidas desde entonces, de las cuales mil 382 continúan en manos de las autoridades.
La Fiscalía General presentó el lunes ante el Supremo Tribunal Federal sus primeros cargos contra 39 personas sospechosas de participar en los desmanes.
Augusto Aras, titular del despacho, prometió en entrevista con una televisora local que presentará otras 200 nuevas acusaciones en las próximas dos semanas. Este miércoles, el exministro de Justicia de Bolsonaro y también secretario de Seguridad del Distrito Federal en el momento de la asonada, Anderson Torres, permaneció en silencio al acudir a su primera audiencia ante la Policía Federal desde que se entregó a las autoridades el sábado, informó el portal de noticias G1.
Torres, desvinculado del cargo capitalino tras los ataques, está detenido bajo sospecha de complicidad con la violencia, señalamiento que él niega. El 8 de enero miles de simpatizantes de Bolsonaro invadieron el corazón del poder público de Brasil, en un intento por impulsar la caída de Lula.
Respaldado al unísono por la comunidad internacional, el mandatario denunció el jueves pasado «connivencia» de sectores de las Fuerzas Armadas con los bolsonaristas radicales e incluso dijo que «alguien les facilitó» la entrada al Palacio de Planalto.
Desde entonces, el líder de izquierda, que protagonizó un espectacular regreso político luego de años opacado por un gigantesco escándalo de corrupción que incluso le llevó a prisión, empezó una revisión del personal del Ejecutivo. Para los cargos de ahora en adelante privilegiará a «funcionarios de carrera, de preferencia civiles».
«No puede permanecer aquí adentro alguien sospechoso de ser bolsonarista radical», comentó. «¿Cómo puedo tener una persona afuera de mi oficina que pueda dispararme?», subrayó.
Bolsonaro, en Estados Unidos desde días antes de terminar su mandato, niega cualquier conexión con los actos violentos en Brasilia, pero es investigado por las autoridades brasileñas bajo sospecha de haber instigado el asalto.
«Lamento lo que aconteció el día 8 (de enero)», dijo a algunos simpatizantes en un video divulgado el lunes por medios brasileños. «Algo increíble», agregó.
