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- Presenta la Confederación su informe de observación a la elección judicial, en el que destaca conclusiones y recomendaciones para evitar en el futuro comprometer la independencia del Poder Judicial.
- COPARMEX propone una agenda nacional para evaluar el desempeño de jueces y magistrados electos, reforzar la carrera judicial y sancionar irregularidades.
- Pide no ahondar en la incertidumbre económica con una propuesta de reforma electoral en este momento y demanda que esta sea ampliamente consensuada.
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México atraviesa un punto de inflexión democrático. La elección judicial 2025 marcó un precedente inédito: por primera vez en la historia, jueces, magistrados y ministros fueron elegidos por voto popular. Sin embargo, lejos de fortalecer al Poder Judicial, el proceso expuso fallas estructurales, vacíos legales y una alarmante tendencia a someter la justicia a intereses políticos.
Ante esta realidad, en rueda de prensa, la Confederación Patronal de la República Mexicana (COPARMEX) presentó el Informe de Observación de la elección del Poder Judicial Federal 2025. Con cobertura en más del 60% de los distritos electorales y observadores en el 65% del territorio, a través de la acción comprometida de los socios y ciudadanos convocados por los Centros Empresariales y otras OSCS del país, el organismo empresarial reveló hallazgos que comprometen la legitimidad del proceso y alertó sobre riesgos para la autonomía judicial. El informe, que ya fue entregado formalmente al Instituto Nacional Electoral (INE), consolida evidencia técnica, jurídica y ciudadana sobre un modelo que debe corregirse de fondo.
Al presentar el informe, el Presidente Nacional de COPARMEX, Juan José Sierra Álvarez, señaló: “Este es un llamado de atención nacional. No podemos permitir que la justicia quede sujeta al cálculo político. Porque si bien la elección concluyó en las urnas, el verdadero desafío comienza ahora: garantizar que quienes fueron electos ejerzan su función con integridad, y que las fallas estructurales documentadas no se repitan en el proceso electoral judicial del 2027”.
Por su parte, el Presidente de la Comisión Nacional de Fortalecimiento Cívico y Democrático, Rubén Furlong Martínez, destacó que: “Un ejercicio de observación como el que llevamos a cabo desde COPARMEX no hubiera sido posible sin el apoyo y el compromiso de los presidentes de los Centros Empresariales en todo el país. Ellos, con sus consejos, con sus socios, hicieron posible que pudiéramos recopilar y documentar todo esto”. Señaló que la ausencia de legislación secundaria, sumada a criterios emitidos a destiempo, generó incertidumbre y vacíos legales que vulneraron la equidad del proceso.
Conforme apuntó Furlong, el informe documentó que la elección judicial 2025 dejó en evidencia un modelo fallido desde su diseño. El proceso estuvo marcado por control político, desinformación y ausencia de garantías institucionales. La selección de candidaturas, definida por tómbolas sin criterios técnicos ni transparencia, renunció al mérito y privilegió la improvisación. La falta de legislación secundaria, sustituida por criterios emitidos de forma tardía, generó vacíos normativos e inequidad procesal. A ello se sumó la exclusión ciudadana: sin información suficiente, con boletas mal diseñadas y sin cancelación de sobrantes.
La participación fue mínima: solo el 13% del padrón acudió a las urnas, mientras que más del 16% de las boletas fueron anuladas, declaradas inválidas o extraviadas sin explicación oficial. En términos reales, casi 2 de cada 10 votos no se contabilizaron. Además, en al menos 21 distritos se registraron patrones idénticos entre “acordeones” y resultados, confirmando que la operación política influyó más que la voluntad ciudadana. Este conjunto de irregularidades no solo compromete la legitimidad de la elección, sino que exhibe una desconexión profunda entre el modelo electoral judicial y la ciudadanía, dejando sin garantías la independencia y la certeza jurídica que exige un Estado de Derechos sólido.
La Vicepresidenta Nacional de Desarrollo Democrático y Cabildeo, Ximena Céspedes Arboleda, presentó las recomendaciones incluidas en el informe. “Estas propuestas no buscan polarizar, sino corregir. No pretenden deslegitimar a las personas electas, sino garantizar que cumplan su función con integridad y apegadas al derecho”, enfatizó.
Propuestas de COPARMEX para el rediseño del modelo de elección judicial:
- Evaluación Nacional Independiente: Conformar un equipo plural con OSC, academia y organismos internacionales para revisar el modelo y emitir recomendaciones vinculantes.
- Fortalecimiento de la Carrera Judicial: Privilegiar el mérito y la formación continua, respaldados por comisiones de selección independientes y transparentes.
- Criterios de Evaluación Claros: Crear una plataforma digital pública con información completa de los candidatos. Garantizar el acceso de observadores ciudadanos a documentos clave.
- Prohibición de Materiales Ajenos al Proceso: Eliminar el uso de «acordeones» y tipificar con sanciones severas la movilización electoral condicionada. Reforzar la fiscalización de campañas y la regulación de financiamiento.
- Boletas que promuevan un voto informado y responsable: Mejorar su diseño para favorecer decisiones conscientes y equitativas.
- Observación Judicial Permanente: Incorporar un modelo de observación post-electoral y establecer una metodología para evaluar el desempeño, independencia e imparcialidad de jueces y magistrados.
- Difusión Cívica: Implementar campañas sobre la función judicial y la importancia de contar con juzgadores independientes.
- Código Electoral Judicial: Diseñar un marco normativo específico que adapte las reglas a las particularidades de la elección judicial.
El presidente de la Confederación cerró la presentación advirtiendo que, tras la elección judicial, se avecina el reto de una reforma electoral. “Lo que vivimos con la reforma al Poder Judicial y la elección de Jueces, Magistrados y Ministros no puede repetirse con la reforma electoral que se avecina. Desde COPARMEX, advertimos con claridad que esta reforma no puede ni debe ser una herramienta para debilitar al Instituto Nacional Electoral. Cualquier reforma que vulnere la autonomía del INE, que distorsione la representación proporcional o que cierre espacios a la pluralidad política, no será un avance sino un retroceso democrático”.
Añadió que: “En el tema de la reforma electoral creo que es innecesario en este momento del país meter más incertidumbre a través del anuncio de una reforma electoral. Ya enfrentamos suficiente incertidumbre a nivel global con la amenaza de imposición arancelaria, con la viabilidad de un Tratado de Libre Comercio que está en revisión y con un plazo de 90 días que tenemos, creo que necesitamos la concentración del Gobierno en un solo sentido: dar viabilidad al T-MEC”.
El presidente también dijo que: “Desde COPARMEX queremos desarrollo económico, queremos inversión. Queremos un México más justo, más democrático, más libre. No queremos un ambiente poco certero pero, por supuesto, si esto persiste, atenta contra la certeza jurídica y lo que va a generar es más incertidumbre de la que ya existe en nuestro país”.
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