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El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, sostuvo que la Ley de Indulto o “Ley Beatriz” fue planteada con el objetivo de acotar esta facultad del Poder Ejecutivo y evitar que sea utilizada como un mecanismo para beneficiar a políticos o personas que hayan infringido la ley fuera de los supuestos contemplados.

Explicó que durante la elaboración de la legislación se discutió la necesidad de establecer límites claros, a fin de impedir que futuros titulares del Ejecutivo puedan otorgar indultos de manera discrecional, especialmente en casos relacionados con delitos cometidos en el ejercicio del servicio público.

El funcionario subrayó que la propuesta se centra en atender casos vinculados con injusticias estructurales, particularmente hacia mujeres y personas de comunidades indígenas, y recordó que la Constitución ya contemplaba la figura del indulto, aunque sin una regulación específica como la que ahora se plantea.

Finalmente, informó que organizaciones de la sociedad civil trabajan actualmente en la integración de tres expedientes que podrían ser los primeros en evaluarse bajo esta ley, los cuales serían revisados por el comité previsto en la legislación para posteriormente emitir una recomendación a la gobernadora del estado.