Si Morena estuviera en la oposición, lo primero que hubieran hecho después de conocerse la operación de compraventa de 13 plantas generadoras de energía eléctrica, a la empresa española Iberdrola, es exigir una explicación clara o transparentar la operación.
En este gobierno la oposición tendrá que quedarse con las ganas de exigir rendición de cuentas en lo que el presidente llamó una nueva nacionalización, porque la 4T, no es dada a la transparencia, aunque se trate de una negociación de muy alto nivel como la que se anunció el miércoles pasado.
La operación que costó la nada despreciable cantidad de 6 mil millones de dólares, unos 120 mil millones de pesos, dejó muchas dudas que los mexicanos difícilmente vamos a tener una respuesta, cuando menos en lo que resta de este sexenio.
Desde Palacio Nacional en muchas ocasiones el presidente se refirió a Iberdrola como una empresa que se benefició de los gobiernos anteriores para saquear al país vía la industria eléctrica nacional, por eso resulta extraño que, ahora, el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador haya optado por la compra de esas 13 plantas para dar solvencia en el suministro eléctrico a la Comisión Federal de Electricidad.
Otro motivo que provoca dudas en esta multimillonaria operación es la antigüedad de las plantas adquiridas, algunas de las cuáles tienen más de 20 años de vida útil y de acuerdo con los técnicos su eficiencia depende del mantenimiento que se les haya dado.
Al presidente no le faltó razón cuando desde su mañaneras fustigó el paso de la eléctrica española por nuestro país, aprovechando las componendas con los dos gobiernos panistas y el priista, en este siglo, se hizo de plantas generadoras de energía eléctrica, con las que se posicionó en el sistema eléctrico nacional.
La razón de la compra, según algunos algunos especialistas en la industria eléctrica nacional fue para evitar los juicios en los tribunales internacionales, porque cuando López Obrador llegó a Palacio Nacional suspendió contratos de esa empresa que amenazó con llevar el caso hasta esos tribunales.
Algo que pocos saben, es que Iberdrola es dueña de la hidroeléctrica de Tamazunchale y curiosamente para instalar la planta le compró los terrenos a Claudio X González, quien a su vez los adquirió de un grupo de ejidatarios con la ayuda de las autoridades agrarias, no se sabe sí quedaron como socios, ¿cómo la ven?
Y vean otra irregularidad que saldrá mucho tiempo después, Iberdrola es dueña de las plantas de Altamira III y Altamira IV de ciclo combinado y Altamira V con una capacidad de generación, en el caso de la primera de mil 77 megavatios y la segunda con mil 143 megawatts, en los tres casos las plantas están paradas desde septiembre de 2022, por decisión de la Comisión Reguladora de Energía, (CRE) y el Centro Nacional de Control de Energía, (CENCE).
Y según el analista Ricardo Raphael, no fue la Comisión Federal, ni el gobierno quien compró las plantas, fueron adquiridas mediante un fondo que se llama Mexican Infraestructure Partners, no hubo tal nacionalización, asegura también catedrático universitario y yo agregaría no hay un nuevo Cárdenas, ni un nuevo López Mateos.
Algún día sabremos la verdad, no la esperen pronto.