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El debate político mexicano se enardece: acusaciones cruzadas entre partidos por vínculos con crimen organizado, corrupción y omisiones estatales dominan la agenda.

Mientras opositores denuncian compromisos inconfesos entre gobierno y estructuras criminales, el oficialismo responde con señalamientos de manipulación mediática, externalización del discurso y necesidad de pruebas concretas.

El caso Bermúdez, por ejemplo, no solo es penal, sino también paga costo político: quién lo nombró, quién supervisó, y qué papel tuvieron figuras institucionales en permitir su ascenso pese a advertencias previas.

La acusación de “narcodictadura” formulada por Alito también abre frentes: exige respuesta de Morena, de quienes lo rodean, y cuestiona la legitimidad de las instituciones encargadas de transparencia y combate a la corrupción.

Además, se habla de retirar fueros, de autonomías vulneradas, de credibilidad institucional. Muchos ciudadanos se preguntan si las leyes se aplican igual para todos o si algunos están por encima.

En este clima, las elecciones locales se acercan: gobernadores, senadores, alcaldes están bajo observación pública más rigurosa. Las alianzas políticas y los posicionamientos serán decisivos.

El ambiente mediático también juega un rol fuerte: redes, televisión, opiniones influyentes, acusaciones sin pruebas, demandan claridad legal, verificación de versiones y rendición de cuentas transparente.

Las instituciones encargadas (Fiscalía, Secretaría de Seguridad, Poder Judicial) tienen la presión de demostrar resultados, actuar con independencia y evitar señalamientos de parcialidad o complicidad.

El tema de seguridad aparece como motor central de la crisis política: el narcotráfico, la impunidad, los vínculos con el poder, el reclamo ciudadano por paz y justicia están cobrando fuerza como demanda colectiva.