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La reforma al Poder Judicial impulsada por el expresidente Ernesto Zedillo Ponce de León en 1994 fue resultado de un contexto político y social marcado por una severa crisis institucional. A diferencia de las recientes propuestas de reforma judicial discutidas en el Congreso con participación abierta, la reestructura de Zedillo fue diseñada, promovida e implementada desde el Ejecutivo federal con rapidez y sin un proceso de consulta pública amplio o votación ciudadana.
En aquel año, México enfrentó una sucesión de hechos que minaron la confianza en las instituciones: el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, el levantamiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en Chiapas y una creciente presión nacional e internacional por democratizar al país. A ello se sumaban cuestionamientos al sistema electoral y a la falta de autonomía de los poderes públicos.
En ese entorno, Zedillo, ya como presidente, argumentó proyectar una imagen de cambio institucional. Una de sus decisiones más emblemáticas fue la reforma judicial. Su objetivo central fue dar mayor legitimidad al sistema de justicia mediante la reestructuración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hasta entonces era percibida como un órgano subordinado al poder político.
El paquete de reformas fue enviado como iniciativa preferente al Congreso, donde fue aprobado sin un proceso de deliberación pública, sin consulta ciudadana ni participación de sectores sociales, académicos o del propio Poder Judicial. No se convocaron foros ni ejercicios amplios de debate, y tampoco se recurrió a mecanismos de democracia participativa. El Congreso de mayoría priista avaló la propuesta en cuestión de semanas.
El rediseño incluyó la reducción de 26 a 11 ministros en la Corte, la creación del Consejo de la Judicatura Federal y la delimitación de funciones entre los órganos judiciales. Aunque formalmente pasó por el Poder Legislativo, fue una reforma construida desde el Ejecutivo y sin contrapesos políticos efectivos.
En contraste con el proceso actual de reforma judicial —que ha incluido foros, posicionamientos públicos y deliberación entre fuerzas políticas—, la de 1994 fue percibida como una imposición técnica para atender una necesidad urgente de legitimidad del régimen y no como resultado de una demanda social o un debate democrático.
Analistas han señalado que, aunque fortaleció algunos aspectos del sistema judicial, la reforma de Zedillo también reflejó los límites del presidencialismo en su transición hacia una democracia con contrapesos reales. La falta de participación social y el diseño vertical del cambio marcaron una diferencia fundamental respecto a los intentos recientes de transformar el Poder Judicial.
