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La reforma laboral impulsada por el gobierno de Claudia Sheinbaum y el secretario del Trabajo Marath Bolaños, que reduce la jornada máxima a 40 horas semanales, incluye una letra pequeña que pocos han mencionado: un aumento en el límite de horas extras dobles —de 9 a 12— y una disminución en el pago del triple por exceso de horas, lo que representa un ahorro del 33 % para los patrones. Aunque se presenta como una conquista histórica para los trabajadores, esta “flexibilización” genera un incentivo perverso: las empresas pueden exigir más horas extras baratas en lugar de contratar personal adicional o reducir efectivamente la carga laboral semanal.

El impacto más oculto cae sobre la Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU). Las horas extras son un gasto operativo para la empresa; al abaratarlas y extenderlas, el gasto en nómina crece y la utilidad neta —base para calcular la PTU— se reduce. Así, los trabajadores producen más con su esfuerzo adicional, pero reciben menos en la bolsa de utilidades que les corresponde por ley. Lo que se anuncia como beneficio en tiempo libre podría traducirse, en sectores como servicios y manufactura que operan 24/7, en menos dinero en la quincena de reparto de utilidades. Una vez más, la narrativa de “progreso laboral” oculta un costo real para el bolsillo de los trabajadores.