La seguridad también se encuentra cada vez más relacionada con el escenario político de Chihuahua rumbo a las elecciones de 2027. Durante las últimas jornadas, integrantes del gobierno estatal y figuras del Partido Acción Nacional han mostrado públicamente una mayor coordinación, mientras comienzan a definirse los posibles grupos que competirán por el futuro político de la entidad.

En este contexto, la estrategia de seguridad del gobierno de Maru Campos adquiere una dimensión política adicional. Los resultados en materia de homicidios, detenciones, decomisos y presencia policial serán utilizados para evaluar el desempeño de la administración estatal y podrían convertirse en uno de los principales argumentos de la campaña panista.

Uno de los nombres que ha ganado mayor relevancia es el del alcalde de Chihuahua, Marco Bonilla. Su trabajo político y administrativo comienza a observarse dentro de la discusión sobre quién podría representar al PAN en la próxima elección estatal.

Bonilla ha defendido públicamente la estrategia de seguridad implementada por el gobierno estatal y ha reconocido el trabajo de Gilberto Loya al frente de la Secretaría de Seguridad Pública. Esta postura muestra una línea de coordinación entre autoridades municipales y estatales que podría tener importancia política durante los próximos meses.

Al mismo tiempo, otros funcionarios panistas han comenzado a cerrar filas alrededor de la estructura estatal. El secretario general de Gobierno, Santiago de la Peña, destacó recientemente la unidad entre Maru Campos, Marco Bonilla y Gilberto Loya, presentando esta coordinación como una señal de cohesión dentro del grupo político gobernante.

La oposición, particularmente Morena, buscará cuestionar esta estrategia y señalar los problemas que todavía existen en diferentes regiones. La inseguridad en municipios serranos, los homicidios y la presencia de organizaciones criminales pueden convertirse en argumentos para exigir cambios en las políticas públicas.

Uno de los asuntos que podría generar mayor discusión es la seguridad necesaria para que las autoridades electorales puedan realizar sus actividades en zonas consideradas de riesgo. Recientemente se planteó incluso que el Instituto Estatal Electoral solicite apoyo de corporaciones estatales o federales cuando sea necesario ingresar a municipios con problemas de seguridad.

El caso de Guadalupe y Calvo es particularmente importante. La presencia de grupos criminales en algunas zonas de la Sierra ha provocado preocupación sobre la capacidad de las instituciones para realizar actividades administrativas y electorales con normalidad. Garantizar el acceso de funcionarios y ciudadanos será uno de los retos que podría crecer conforme se acerque el proceso electoral.

La discusión política también se relaciona con proyectos tecnológicos de seguridad. La Torre Centinela, concebida como un centro de inteligencia para combatir el crimen organizado en Ciudad Juárez, continúa siendo un proyecto controvertido por sus costos, retrasos y por las discusiones que surgieron después del caso relacionado con agentes estadounidenses.

De esta manera, la seguridad de Chihuahua empieza a convertirse no solamente en un asunto policial, sino también en uno de los principales campos de batalla política. El gobierno deberá demostrar que sus estrategias producen resultados sostenibles, mientras la oposición intentará demostrar que los problemas que permanecen son evidencia de que todavía existen deficiencias importantes.

A poco más de un año de las elecciones estatales, la seguridad podría terminar siendo uno de los temas que definan la competencia política. Chihuahua tendrá que enfrentar simultáneamente el desafío de reducir la violencia, combatir al crimen organizado y garantizar condiciones adecuadas para el próximo proceso electoral.