“México pone en pausa la relación diplomática con Estados Unidos por críticas a su propuesta judicial”, destacó The New York Times y, tras un intercambio de notas diplomáticas, pocas horas después, el embajador Ken Salazar hizo la rectificación solicitada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, asegurando el “máximo respeto (del gobierno estadounidense) por la soberanía de México”.
Hubo un notable cambio en el tono de la nota diplomática que ayer al mediodía envió el embajador Salazar a la Cancillería mexicana, donde señaló que “Estados Unidos apoya el concepto de reforma judicial en México”, pero señala que “preocupa mucho que la elección popular de jueces no aborde la corrupción judicial ni fortalezca al Poder Judicial”.
Por lo demás, el dictamen de la reforma al Poder Judicial fue aprobada en lo general por la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados, por 22 votos a favor y 17 en contra, por lo que, el próximo primero de septiembre, será analizada y votada por la nueva Legislatura, donde Morena y sus aliados tienen mayoría calificada. Y en el Senado, por lo pronto, Manuel Velasco, el coordinador de los senadores del Verde, aseguró que el bloque oficialista ya cuenta con los tres votos y más para aprobar la reforma Constitucional.
De esta manera, la reforma Judicial de López Obrador avanza en medio del temor de los mercados, presiones de Estados Unidos y Canadá, críticas de los opositores y protestas laborales.
Sin embargo, la aprobación de la reforma es prácticamente un hecho – señaló el periódico El País -, máxime luego de que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que Morena y sus aliados del PT y el Partido Verde (PVEM) tendrán mayoría calificada en la Cámara de Diputados, con lo que podrán pasar enmiendas a la Carta Magna sin contrapesos.
El proyecto de reforma al poder Judicial contempla cambios a 16 artículos de la Constitución y plantea un nuevo diseño para el sistema judicial del país en su conjunto. Los cinco principales, que señala el resumen de Felipe Morales en El Financiero, son los siguientes:
1. Reducción de la Corte: Se plantea bajar de 11 a nueve el número de ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). La duración de su encargo será de 12 años, tres años menos que la fórmula actual.
En tanto, se eliminan las dos salas en las que está dividida actualmente para dejar su operación sólo en sesiones plenarias, las cuales serán públicas; con esto se elimina la posibilidad actual de realizar sesiones secretas. En tanto, se propone que para aprobar sentencias sean necesarios seis votos.
En materia de salarios, se establece específicamente que las remuneraciones de los ministros y ministras de la Corte y los diferentes jueces no podrá ser mayor a lo percibido por la persona que ocupe la Presidencia de la República. Además, se elimina la posibilidad de que obtengan una pensión vitalicia tras concluir su encargo.
2. Ministros y jueces, a las urnas: Una de las propuestas más polémicas es cambiar el mecanismo de elección de los representantes del Poder Judicial, para que éstos, principalmente ministros, magistrados y jueces de distrito, sean elegidos por la ciudadanía.
Para ellos, estas elecciones se realizarían cada tres años, de manera concurrente con las elecciones federales ya sea para elección presidencial o de renovación de la Cámara de Diputados. Las y los candidatos a dichos cargos serán propuestos en parte iguales por la Presidencia de la República, el Congreso de la Unión y el Poder Judicial.
De aprobarse la reforma en septiembre, la primera elección se realizaría en el año 2025 y los actuales ministros, magistrados y jueces permanecerían en su encargo hasta el momento en que asuman sus sucesores.
En el caso del primer ejercicio bajo esta figura, se contempla un periodo escalonado de duración del encargo de los ministros electos para los años 2033, 2036 y 2039, de manera que en cada elección posterior a esas fechas se renueven sólo tres posiciones.
3. Dos órganos regulatorios: El proyecto contempla la transformación del actual Consejo de la Judicatura Federal para dar paso a dos nuevos órganos, uno para administrar el sistema en su conjunto, incluyendo la Escuela de Formación Judicial y el Instituto Federal de la Defensoría Pública, y un Tribunal de Disciplina Judicial. Ambos supervisarán también a la SCJN.
En tanto, se abre la posibilidad de que cualquier persona o autoridad pueda presentar denuncias contra los ministros, los magistrados, los jueces y el personal del Poder Judicial en su totalidad.
4. Plazos para resolver conflictos: Se propone regular los tiempos en los que el sistema judicial resuelve los casos presentados. Para ello, se establece que las controversias deben ser resueltas en un periodo máximo de seis meses. En caso de que no se logre una sentencia en dicho plazo, el Tribunal de Disciplina tendrá que investigar el porqué de la demora y ordenar algún procedimiento o sanción.
En tanto, se establece que en el caso de que en un proceso penal la persona imputada no sea juzgada antes de los cuatro meses, para penas menores a dos años de prisión, o de un año para mayores, tal como está establecido actualmente en la Carta Magna, también se podrá reportar esta situación ante el Tribunal de Disciplina.
5. Sistema replicado en todo el país: La iniciativa oficial también establece que las entidades federativas tendrán que reformar su legislación local para “garantizar la independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones, así como su elección por voto directo y secreto de la ciudadanía”, además de la creación de órganos independientes para su administración y disciplina.
El plazo para que los estados realicen estos cambios será de 180 días una vez que la reforma sea promulgada. RDM