Pablo Vega, parte de Guerreros Unidos, la red criminal que atacó a un contingente
de estudiantes de la escuela de Ayotzinapa, en 2014, en Iguala, Guerrero, en el centro
de México, seguirá su proceso en libertad. Vega vivía preso en Estados Unidos desde
2014 por narcotráfico y otros delitos, cometidos presuntamente en aquel país. Como
ha informado el diario Milenio, Vega pagó una fianza de 200.000 dólares para
esperar el juicio desde su casa. No han quedado claras las condiciones de este cambio
de estatus, si el acusado tendrá que ir a firmar periódicamente al juzgado, etcétera.
Su situación resuena en México, por la información que podría aportar en el marco
del caso Ayotzinapa, vieja aspiración de la unidad especial de la Fiscalía General de
la República (FGR) que investiga este asunto. En la época del ataque, Vega era parte
de la estructura de Guerreros Unidos en Illinois, desde donde gestionaba la
importación de heroína producida en las montañas de Guerrero, y su distribución en
la costa este de EE UU. En ese entonces, las autoridades de aquel país tenían
pinchado su teléfono y el de otros integrantes de la red criminal, caso de los
hermanos Casarrubias Salgado, líderes del grupo.
Guerreros Unidos y asociados: radiografía del grupo
criminal detrás del ‘caso Ayotzinapa’
En los mensajes interceptados, incorporados a las investigaciones aquí en México,
gracias a la colaboración del Gobierno de Joe Biden, en especial de su
vicepresidente, Kamala Harris, Vega y los Casarrubias, entre otros, se refieren al
ataque contra los normalistas, que dejó seis muertos y 43 desaparecidos y sacudió al
país como pocos eventos lo han hecho en los últimos tiempos. De los 43, las
autoridades solo han encontrado restos de tres estos años. Aún hoy, no hay claridad
sobre los motivos del ataque o el destino de los muchachos.
La liberación provisional de Vega interpela a la Fiscalía y, en general, al Gobierno
mexicano. La UEILCA, la unidad especial de la FGR para el caso
Ayotzinapa, obtuvo en 2020 una orden de aprehensión contra Vega por delincuencia
organizada, en el marco de la acusación que consignó al juez, donde señalaba
igualmente a los cuatro hermanos Casarrubias, acusados estos también de
desaparición forzada de personas, vinculados directamente al ataque contra los
estudiantes.
En su día, una fuente de la Fiscalía señaló a este diario que la dependencia había
iniciado una petición formal para la extradición de Vega. La petición habría salido de
la UEILCA y debería haber llegado a la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos
Internacionales de la Fiscalía, que debería haberse puesto en contacto con la
Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE). EL PAÍS se ha puesto en contacto con
voceros de la FGR y de la SRE para preguntar por el estado de la solicitud, pero de
momento no ha tenido respuesta.
Para las familias de los 43, sus abogados y el grupo de investigadores independientes
que comisionó la CIDH a México para investigar el caso, el GIEI, interrogar a Vega
era muy importante. Lo sigue siendo. En su primera etapa, con el fiscal Omar Gómez
al frente, la UEILCA trató de acercarse a Vega, de convencerle para que declarara
desde la cárcel, en Illinois. Pero siempre se negó, según fuentes conocedoras de las
investigaciones. Este diario ha tratado de ponerse en contacto con su sucesor,
Rosendo Gómez, al frente de la UEILCA desde octubre de 2022, para preguntarle si
en este año y medio ha insistido en este asunto, pero no ha obtenido respuesta.