La mortal golpiza que policías de Memphis propinaron a Tyre Nichols, no es la única ni la más brutal de las manifestaciones de violencia (¿legítima?) que ejercen los gobiernos sobre la sociedad. Hay otras, con mayor letalidad y menos chocantes. Pasan casi desapercibidas.
Ciertas decisiones tomadas desde las cúpulas política y económica ejercen terrible violencia sobre los afectados, a la manera que Jesús Reyes Heroles decía de la atribución coercitiva de la secretaría de Gobernación: no se nota, pero se siente.
La estadística proporcionada por AMANC indica: mil 600 niños con cáncer fallecieron durante los últimos cuatro años, debido a la decisión gubernamental de recortar los fondos para los medicamentos que les ayudarían a sobrevivir o, en su defecto, fallecer de manera distinta a como pasaron el tránsito en brazos de sus padres.
¿Tenemos las cifras de cuántas muertes o enfermedades, o cuántos padecimientos dejaron de ser curables para convertirse en crónicos, debido al desabasto de medicamentos?
Toda decisión que atañe a la sociedad, siempre tiene consecuencias de vida y muerte. La seguridad pública, la manera en que se administra el control gubernamental sobre el crimen organizado, la decisión política de legalizar, o no, las drogas consideradas recreativas, porque implica una pérdida neta del ingreso del dinero negro a esas cuentas de las que los administradores públicos disponen sin supervisión alguna.
¿Y la impunidad? No hay mayor violencia que la ejercida por el derecho penal y cómo se administra, o cómo se adecúa a las necesidades del gobierno para determinar sus políticas públicas, o satisfacer caprichos gubernamentales, o ejercer coerción adicional sobre los adversarios. Me refiero, en concreto, a la prisión preventiva oficiosa. Aquí muchos están en la cárcel porque se necesita tenerlos encerrados, de ninguna manera porque se lo merezcan.
Somos testigos de la impunidad de Donald Trump por sus evasiones fiscales. De la de Vladimir Putin por querer avasallar a Ucrania e iniciar una invasión de consecuencias todavía no previstas en su totalidad. O de las industrias y los gobiernos que deciden descuidar el medio ambiente, porque así conviene a sus intereses económicos. Se duermen pensando en cómo quemar carbón sin que se note.
La violencia cotidiana a la que ha de someterse el usuario del transporte público, porque desconoce el destino final del viaje: ¿su lugar de trabajo, su casa, oficina del MP para denunciar un asalto, el hospital o la capilla funeraria? Y no afirmen lo contrario.