Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) dejó en vilo, una vez más, la votación que redefinirá la imposición de la prisión preventiva oficiosa en nuestro país.
Luego de que siete de los once ministros que integran el pleno del máximo tribunal de justicia se pronunciaron en contra de invalidar la medida cautelar, por considerar que no cuentan con facultades para hacerlo, el ministro ponente Luis María Aguilar Morales solicitó trasladar la votación final para la próxima sesión, a fin de presentar un nuevo proyecto en donde se incluyan —de manera uniforme— todos los posicionamientos manifestados durante el debate acerca de la constitucionalidad de la prisión preventiva oficiosa, o bien votar la propuesta original.
Yo pido a sus señorías y al señor ministro presidente que no se tome la votación hoy mismo, sino que se tome en la próxima sesión, que será el jueves, para que me permitan analizar, reflexionar y poder asumir o contradecir lo que se ha sustentado aquí; inclusive, con el deseo de saber si debo —frente a ustedes— retirar el proyecto para reelaborarlo a un criterio que buscaría yo, unificado o, al menos, en un tronco común o bien, votarlo y ya hacer un proyecto de engrose”, planteó Aguilar Morales.
La petición fue aceptada y de inmediato se convocó a los ministros y ministras para la sesión del próximo jueves, a las 11:00 horas.
Previamente, el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Arturo Zaldívar, respaldó la propuesta original de Aguilar Morales, por estimar que la prisión preventiva oficiosa hace nugatorios los principios de presunción de inocencia y de libertad personal que enarbola la Constitución y el sistema democrático de derecho.
Además, sostuvo que esa medida cautelar no es garantía para prevenir la comisión de más delitos.
La prisión preventiva oficiosa viola el principio de presunción de inocencia, la Corte lo había reconocido desde hace tiempo… justamente en la vertiente de trato procesal, el derecho de toda persona a no ser tratada como culpable dentro de un proceso. Lo lógico es que una persona no esté en prisión hasta que haya una sentencia definitiva que establezca su culpabilidad… en ningún caso la prisión preventiva se puede usar como un castigo anticipado o apoyarse en fines preventivos o como estrategia de política criminal”, apuntó en su exposición.
Aclaró que tampoco se trata de liberar a todas las personas que se encuentran en prisión, sino de revisar caso por caso para saber si se justifica o no una restricción de tal naturaleza, sobre todo porque la medida debe ser decretada únicamente si hay riesgo de fuga o se pone en peligro a las víctimas o testigos.
Al estar claro que la mayoría de sus colegas no respaldaría la propuesta de Luis María Aguilar, Zaldívar remarcó que dicha injusticia la padece el pueblo de México todos los días y se condena “a los infiernos de las cárceles” en el país a la gente, sin que un juez revise si hay o no elementos suficientes para privarla de su libertad mientras sigue su proceso.
RECONOCE PRESIÓN A MINISTROS
El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación están sujetos a una fuerte presión para determinar si se mantiene la prisión preventiva con carácter oficioso o si se acota esa figura jurídica.
Horas antes de que la Corte retomara la discusión del tema, el mandatario reconoció que el abordarlo en la rueda de prensa matutina pone el asunto en el debate público y, por ello, es probable que la presión hacia los ministros sea fuerte.
¿Presión desde aquí? No, no, no… Puede ser que sí sea presión, eh, porque tocamos el tema, porque cómo no vamos a tratar el asunto, si es delicadísimo.
Dicen que hay presión. Yo no hablo con jueces. Yo hablo aquí, porque yo sé la importancia que tiene la fuerza de la opinión pública”, reconoció.
El titular del Ejecutivo reiteró que, en caso de declarar inválido el artículo 19 de la Constitución, que establece la prisión preventiva oficiosa, o de proponer cambios a las leyes secundarias, la Corte estaría interfiriendo en el Poder Legislativo.
Insistió en que el Poder Judicial tiene un importante rezago de personas sin haber tenido un juicio y sin sentencia, pese a que él emitió una Ley de Amnistía para que se subsanaran los casos más urgentes.
A la fecha han sido liberadas dos mil 392 personas gracias a esa ley. López Obrador calcula que, de eliminarse la medida cautelar, hasta 92 mil presuntos delincuentes podrían ser liberados, al no existir ya el ordenamiento legal que los mantiene en la cárcel.
Consideró que ese escenario podría generar condiciones de inseguridad para las víctimas de los delitos cometidos por los excarcelados e, incluso, para los jueces que los dejaron en libertad.
Con Información de: Excelsior.com.mx