La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió mantener la protección constitucional a la alcaldesa de Acapulco, Abelina López Rodríguez, suspendiendo indefinidamente tanto el juicio político de revocación de mandato como la auditoría por el presunto manejo irregular de 898 millones de pesos en recursos federales destinados a la reconstrucción tras el huracán Otis. Con esta resolución unánime, el máximo tribunal confirmó las suspensiones provisionales que la resguardan desde hace más de siete meses, dejando en pausa cualquier avance por parte del Congreso de Guerrero y la Auditoría Superior del Estado.
Mientras las autoridades locales intentaban esclarecer posibles desvíos en fondos federales —señalados por opacidad y falta de comprobación—, la SCJN cerró la puerta a ambos procedimientos hasta nuevo aviso, priorizando la garantía de audiencia y debido proceso de la alcaldesa morenista. La decisión reaviva el debate nacional: ¿se trata de una protección legítima a derechos constitucionales o de un blindaje político que impide la rendición de cuentas en uno de los municipios más golpeados por la corrupción y la tragedia natural?
En Acapulco, donde la reconstrucción avanza a paso lento y las dudas sobre el destino de los recursos federales persisten, esta resolución deja a la ciudadanía esperando justicia y transparencia. Una vez más, la Corte se convierte en árbitro de controversias políticas, pero el costo lo paga la confianza pública en las instituciones. La rendición de cuentas, por ahora, queda en suspenso indefinido. ⚖️🏛️
