POR CARLOS JARAMILLO VELA
Ejercicio de Revocación: Mil 700 millones de pesos derrochados.
ONU y EU: Razones y argumentos que enmiendan la plana a AMLO.
Finalmente se realizó el cuestionado proceso de revocación de mandato, contra la
oposición de muchos y con el respaldo de pocos. Dividió al país, en cierto modo,
esta controversial consulta revocatoria, debido a la polarización de opiniones a
favor y en contra de su implementación. Así, en medio de la discordia, el
presidente Andrés Manuel López Obrador y su equipo de gobierno desplegaron un
cuestionado operativo para promover dicha consulta. Es pertinente recordar que
no es la primera vez que las posturas asumidas o las acciones llevas a cabo por el
presidente generan división entre los mexicanos, pues lo mismo ha ocurrido en
diversas ocasiones durante su mandato.
Tan controversiales como la multicitada consulta de revocación han sido, en su
momento, las diatribas públicas en las que que el mandatario se ha enfrascado
contra empresarios, periodistas, instituciones (Poder Judicial de la Federación,
Instituto Nacional Electoral), clase media e incluso con otras naciones (España y
Estados Unidos). Es, sin duda, sui géneris y controvertida la personalidad del
actual presidente de México, pues ha dado sobradas muestras de la
determinación con la que suele actuar a ultranza cuando se propone realizar sus
deseos, sin importar la justificación de éstos. El Tren Maya, el Aeropuerto
Internacional “Felipe Ángeles” y la Refinería Dos Bocas, constituyen ejemplos
claros del temperamento del presidente mexicano en turno.
La revocación de mandato no ha sido la excepción, pues no obstante las críticas y
señalamientos que se le hicieron, por lo innecesario y costoso de tal ejercicio,
finalmente éste se llevó a cabo por la decisión del presidente. Culto a la
personalidad, autopromoción, protagonismo, vanidad personal, promoción política
electoral partidista con recursos públicos, y muchas otras lecturas o análisis
pueden derivarse de citada consulta revocatoria. La verdad es que ante la
popularidad de López Obrador no había necesidad de someter a consulta la
revocación de su mandato. También resulta cierto que el innecesario ejercicio de
consulta tuvo un alto costo financiero, pues implicó la erogación de 1600 millones
de pesos, lo que evidentemente fue un derroche de dinero malgastado.
Una reciente nota publicada por un prestigiado diario de la capital del país refiere
que la Organización de las Naciones Unidas y Estados Unidos han coincidido en
señalar los problemas que actualmente presenta México respecto a los temas de
derechos humanos y justicia. Tanto el Comité Contra las Desapariciones
Forzadas, integrante de dicho organismo internacional, como el Departamento de
Estado de la nación vecina, han señalado la falta de respeto a los derechos
humanos que existe en México. Las restricciones a la libertad expresión, las
agresiones cometidas contra periodistas, las desapariciones forzadas, y la
impunidad de la mayoría de los delitos, son los principales señalamientos
formulados por las instancias mencionadas. Incluso ambas instancias
responsabilizan de la situación no sólo al Estado mexicano sino también a
funcionarios públicos, policías e integrantes del Ejército. Además, la ONU ha
instado al presidente Andrés Manuel López Obrador a que regrese al Ejército
mexicano a los cuarteles, y a sus tareas habituales.
Estas observaciones de carácter internacional no deben pasar desapercibidas
para el gobierno de México, pues no sólo provienen de instituciones sólidas cuyos
análisis gozan de credibilidad internacional, sino que además son el reflejo de la
innegable realidad que hoy vive nuestro país. Entre las recomendaciones que
debido al actual escenario sería pertinente formular al presidente, podrían hallarse
la reorientación de las políticas de seguridad pública y procuración de justicia, así
como la adopción de una postura de respeto a las opiniones de todos los
periodistas, y de los opositores al gobierno. También sería deseable que el
presidente se abstenga de continuar involucrando al Ejército en tareas civiles que
no corresponden a sus atribuciones, tales como control de aduanas, construcción
de aeropuertos y administración de puertos marítimos. La ONU y Estados Unidos
han revelado la necesidad de que en México se resuelva la grave problemática
aquí relatada; el presidente López Obrador tiene la última palabra.
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