POR CARLOS JARAMILLO VELA
El pago de intereses por Hacienda, otro mal presagio.
Murió Isabel de Inglaterra, reina de la prudencia, el porte y la personalidad.
La Guardia Nacional en manos del Ejército.
El enorme monto que pedirá la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para
el pago de intereses de la deuda pública de México en el año 2023 es otro
indicativo del deficiente manejo económico del actual gobierno. Un billón y 79
mil millones de pesos es el importe solicitado por Hacienda para satisfacer los
réditos de la deuda, lo cual revela el comprometido entorno financiero en el que
hoy se halla el erario nacional. Malos, sin duda, los presagios que arroja una
cifra de tales dimensiones. Es momento de recordar las sugerencias de
quienes, como el ex secretario de Hacienda, Carlos Urzúa, han advertido al
presidente López Obrador sobre del errático manejo de su gobierno respecto a
las finanzas del país.
Ha muerto Isabel II de Inglaterra, una reina que, además de longeva en su vida
y reinado, marcó con su ejemplo una época memorable en la que quizá lo más
trascendente sea la dignidad con la cual supo representar a su país en el
concierto internacional. Isabel II fue una mujer que durante 70 años de
monarquía siempre llevó su investidura con un porte sobrio, prudente y
señorial, verdaderamente acorde a su majestad. Hoy la ha sucedido en el trono
su hijo, el nuevo Rey de Inglaterra Carlos III, quien tiene la responsabilidad de
conservar el decoro con el cual su extinta madre representó a su patria dentro
y fuera de la misma. Dice un dicho muy conocido: ¡Ha muerto el Rey, Viva el
Rey! En este caso, ha muerto la Reina, y vive un nuevo Rey, pero pervivirá por
siempre el recuerdo de la Reina Isabel.
Finalmente el Senado de la República aprobó el traspaso del Guardia Nacional
a la Secretaría de la Defensa Nacional, lo cual ha ocurrido en medio de una
sonada controversia, pues una vez más el presidente López Obrador demostró
su disposición a ultranza para transgredir cualquier límite cuando lo que está
en juego es su afán personal. La Guardia Nacional fue creada y aprobada por
el poder legislativo como una institución civil, de manera que su traslado y
militarización al pasar a subordinarse al ejército ha sido claramente una
contravención legal, es decir, un acto contrario a la ley. No obstante ello, el
presidente estaba urgido de clocar “formalmente” dicha corporación bajo el
mando de la milicia, pues desde su origen -en la actual gobierno- contó con
una conformación mayoritariamente militar al estar integrada en un 80 por
ciento por elementos militares.
La premura del presidente se debió a dos razones; una de ellas es la
necesidad de asegurar los derechos laborales y administrativos (permisos de
ausencia, antigüedad, prestaciones, etc.) de miles de miembros del ejército,
que al estar “comisionados” a la Guardia Nacional desde su creación veían en
riesgo sus prerrogativas y estabilidad laboral; el otro motivo determinante y no
menos real que el anterior, es la imperiosa necesidad de hacer frente a la
inseguridad a través de las fuerzas militares, ya que las instituciones de
seguridad conformadas por civiles han sido superadas por la delincuencia.
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