La decisión era esperada desde hace mucho por la derecha estadunidense, pero requiere la aprobación del Congreso.

Al menos una veintena de Estados y sindicatos de profesores impugnaron ante la justicia esas decisiones, con el argumento de que el gobierno vulnera el principio de separación de los poderes porque se inmiscuye en las prerrogativas del Congreso.

El juez federal de Boston (noreste) Myong Joun les dio la razón: suspendió el decreto presidencial y ordenó la reintegración de centenas de funcionarios que habían sido despedidos.

«No podemos pedir a este tribunal que cierre los ojos mientras los empleados siguen siendo despedidos y sus unidades son transferidas hasta convertir al Departamento en un cascarón vacío», escribió el juez en su decisión.

El impacto de este tipo de desmantelamiento no es comparable al que tendría en un país en el que laeducación es centralizada y se gestiona a nivel nacional, pues en Estados Unidos, esta responsabilidad recae en las autoridades locales.

Sin embargo, el Departamento de Educación juega un rol importante, en particular en la distribución de subvenciones federales a escuelas en zonas de bajos recursos que dependen de programas sociales y económicos.

La cartera no puede ser desmantelada sin la adopción de una ley que requeriría 60 votos en el Senado, donde los republicanos cuentan actualmente con 53 asientos.