Fitch Ratings, junto con Moody’s y Standard & Poor’s, fue señalada por haber otorgado calificaciones crediticias elevadas a activos respaldados por hipotecas que presentaban altos niveles de riesgo, lo que contribuyó al colapso financiero global de 2008.

Las agencias fueron acusadas de asignar calificaciones de grado de inversión a instrumentos financieros conocidos como “subprime”, sin evaluar adecuadamente su nivel de riesgo. Estas calificaciones alentaron a inversionistas a adquirir activos que posteriormente resultaron impagables.

Además, se documentó que existía un conflicto de interés entre las agencias calificadoras y los emisores de los valores, ya que las primeras eran contratadas y remuneradas por quienes emitían los instrumentos financieros, generando incentivos para no reflejar con precisión el riesgo asociado.

Las agencias también demoraron en ajustar a la baja las calificaciones de estos productos, lo que permitió que la burbuja de crédito continuara creciendo hasta su estallido.

El contexto de la crisis incluyó además elementos de corrupción y fraude en el sistema financiero. Se registraron casos de manipulación de calificaciones, emisión fraudulenta de hipotecas, y ausencia de una regulación estricta, lo que intensificó las pérdidas para instituciones e inversionistas.

La actuación de las agencias de calificación durante ese periodo dio lugar a múltiples investigaciones y reformas regulatorias, con el fin de limitar los conflictos de interés y aumentar la transparencia en los mercados financieros.