Noticias de Chihuahua. –
La Fiscalía de Distrito Zona Centro investiga la posible relación entre el homicidio de Víctor Hugo Sosa Martínez, inspector de la Dirección de Seguridad Bancaria, Comercial, Industrial y Minera, y la narcomanta que apareció el 17 de diciembre de 2024 en la ciudad de Chihuahua, la cual acusaba al agente caído de numerosas conductas delictivas.
Miembros del crimen organizado dejaron aquel día un mensaje en el puente peatonal de la avenida Teófilo Borunda y la Junta. Dirigido al titular de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE), Gilberto Loya Chávez, exigía la destitución de Sosa Martínez.
El escrito, que aquí aparece de forma íntegra, decía: «Ingeniero Gilberto Loya, secretario de Seguridad, si su intención es limpiar la institución, debería de comenzar por el inspector Víctor Hugo Sosa Martínez, el cual se dedica al cobro de cuotas, venta de drogas, extorsiones y proteger a un grupo criminal con el consentimiento de sus superiores».
—¿Cuál es el avance de la investigación? ¿La causa del asesinato estaría ligada con la amenaza que se registró en diciembre del año pasado? —preguntó la prensa a Heliodoro Araiza, titular de la Fiscalía de Distrito Zona Centro.
El funcionario refirió, en términos generales, que una de las hipótesis indaga la posibilidad de que los autores de la narcomanta, o el grupo delincuencial del que forman parte, correspondan a los victimarios de Sosa Martínez o guarden un grado de responsabilidad material o intelectual. Pero hizo énfasis que los expedientes apenas iniciaron y resulta imprecisa y vaga cualquier afirmación.
Mencionó: «Es un tiempo muy incipiente para tener una conclusión. Y pues, simplemente, estamos investigando todo lo que las corporaciones policíacas nos van aportando como datos de prueba para integrar la carpeta».
Misma declaración rindió en cuanto al hallazgo —confirmado por el vocero de la SSPE— de un envoltorio de cristal en la mariconera de Sosa Martínez y, en su domicilio, ubicado en el fraccionamiento Villas del Real, dos básculas de gramaje propiedad de Gobierno del Estado. Artículos que deberían estar en resguardo de la Fiscalía General, y no en posesión de la víctima.