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La exsecretaria de la Función Pública, Stefany Olmos, fue denunciada por parte de la Fiscalía Anticorrupción por la prescripción de 23 carpetas con lo que se perdono el pago de 171 millones de pesos, en carpetas que tienen que ver con el titular de la Secretaría de Hacienda de la administración de César Duarte, quien después fue presentado como testigo protegido.
Abelardo Valenzuela, titular de la dependencia anticorrupción, señaló que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado, ya que no puede ser juez y parte en este tipo de asuntos.
“Fueron 23 denuncias que dejaron prescribir de manera intencional nuestro particular punto de vista y eh dejaron los chihuahuenses de en un estado de independencia por más de 171 millones de pesos y curiosamente pues todas esas carpetas tienen que ver con funcionarios de primer nivel y de segundo nivel de quien en su momento fue el titular de la Secretaría de Hacienda y que posteriormente fue testigo protegido”, dijo el funcionario estatal.
Entre los que también se encuentra vinculado Armando Valenzuela Beltrán, quien fuera auditor del estado del 2017 al 2018 el cual falleció en el 2020. Así como el exfiscal Francisco G A, quien actualmente se encuentra en proceso.
De acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción dentro de la denuncia se señalan posibles delitos como encubrimiento por favorecimiento, obstrucción del servicio público e impedimento del ejercicio de la justicia.
Esto ya que fueron presentadas seis denuncias presentadas por la Secretaría de la Función Pública que ya se encontraban prescritas al momento de su entrega, así como en 17 denuncias presentadas por la Auditoría Superior del Estado que estaban próximas a prescribir. La dependencia señaló que en varios de estos casos los ministerios públicos no dieron seguimiento a las investigaciones.
Valenzuela destacó que las carpetas estaban relacionadas con funcionarios de primer y segundo nivel vinculados al entonces titular de la Secretaría de Hacienda, dentro de casos que posteriormente fueron incluidos en la llamada Operación Justicia para Chihuahua, en la que algunas personas cercanas al exfuncionario fueron consideradas como testigos protegidos.
En los señalamientos institucionales se menciona como posibles involucrados a la anterior titular de la Secretaría de la Función Pública, al anterior titular de la Auditoría Superior del Estado y a ministerios públicos de la Fiscalía General del Estado que llevaban las investigaciones en su momento.
La Fiscalía Anticorrupción informó que la denuncia fue presentada ante la Fiscalía General del Estado para que el Ministerio Público del fuero común investigue las circunstancias en que las carpetas prescribieron, ya que legalmente los delitos originales no pueden reabrirse.
Asimismo, se indicó que desde diciembre de 2022 la Fiscalía Anticorrupción dio de baja a cinco agentes del Ministerio Público por falta de actividad y desempeño irregular en el seguimiento de investigaciones.







