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Con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional para prevenir y atender la violencia política contra las mujeres en razón de género (VPMRG), este lunes se llevó a cabo la instalación de la Mesa Naranja en Chihuahua, un espacio de articulación entre instituciones electorales, jurisdiccionales, gubernamentales, académicas, organismos de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil.
Durante el acto de instalación, las personas representantes de las instituciones participantes firmaron un compromiso conjunto en el que manifestaron que la violencia política contra las mujeres en razón de género constituye una grave vulneración a los derechos humanos, a la democracia paritaria y al ejercicio libre de los derechos político-electorales.
Asimismo, señalaron que esta forma de violencia exige respuestas institucionales articuladas, sostenidas y con enfoque de género, derechos humanos e interseccionalidad, además de reconocer la importancia de construir entornos seguros, incluyentes y libres de violencia para todas las mujeres que participan en la vida pública.
Entre los compromisos asumidos destacan impulsar acciones de prevención, atención, sanción y erradicación de la VPMRG desde las atribuciones de cada institución; fortalecer la coordinación interinstitucional entre distintos niveles de gobierno, sociedad civil y academia; promover la participación activa de las mujeres electas en el diseño y evaluación de políticas públicas; difundir información y buenas prácticas que contribuyan a combatir la impunidad y la revictimización; y replicar el modelo de las Mesas Naranjas en otros municipios como espacios de diálogo y acción.
La mesa panel de instalación contó con la participación de Yanko Durán Prieto, Consejera Presidenta del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, quien señaló que este esfuerzo representa “el inicio del seguimiento que asumimos las instancias con este tema, que no debe seguir causándonos estragos; tenemos que llegar todas y tenemos que llegar libres de violencia”.
Por su parte, Hugo Molina Martínez, Magistrado Presidente del Tribunal Estatal Electoral de Chihuahua, destacó que conforme las mujeres acceden a más espacios de decisión surgen nuevas formas de violencia, particularmente visibles en el ámbito municipal, donde muchas mujeres inician su carrera política como síndicas, regidoras o presidentas municipales. Subrayó que la violencia política contra las mujeres no puede enfrentarse de manera aislada, sino mediante coordinación institucional, voluntad y compromiso.
En su intervención, Rebeca Barrera Amador, Magistrada Presidenta de la Sala Regional Guadalajara del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, señaló que la violencia política persiste en los municipios de la primera circunscripción electoral —que comprende 352 municipios—, por lo que estos espacios de coordinación resultan fundamentales para enfrentarla. Informó que esta es la sexta Mesa Naranja instalada en la región, después de Guadalajara, Hermosillo, Los Cabos, Rosarito y el Congreso del Estado de Jalisco.
La Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, Marcela Herrera Sandoval, hizo un llamado a trabajar por una justicia moderna, pero también sensible a las realidades sociales, reiterando la importancia de construir puentes de colaboración institucional para fortalecer la democracia. “Es el tiempo de las mujeres y hay que cuidarlas y respetarlas”, expresó.
A su vez, Alma Lorena Alonso Valdivia, Presidenta de la Asociación Mexicana de Consejeras y Ex Consejeras Estatales Electorales (AMCEE) y Consejera Electoral del IEE Sonora, destacó la importancia de que instituciones, sociedad, academia, medios de comunicación y partidos políticos trabajen de manera conjunta para erradicar esta violencia, especialmente en el ámbito municipal, donde —señaló— ocurre alrededor del 70 por ciento de los casos registrados en el padrón nacional de personas sancionadas. “Cuando se daña a una mujer por violencia política, no se daña sólo a la mujer, se daña también a la democracia”, afirmó.
Tras la firma del compromiso institucional, se desarrollaron dos conferencias especializadas. La primera, titulada “Empoderamiento de las mujeres en la función pública a fin de hacer efectivo el derecho fundamental de la igualdad”, fue impartida por Irina Graciela Cervantes Bravo, Magistrada de la Sala Regional Guadalajara, quien reflexionó sobre cómo la violencia contra las mujeres en la política se ejerce por razón de género y muchas veces se normaliza en los espacios públicos.
Durante su exposición, llamó a identificar la violencia política en cada contexto —ya sea por acción u omisión— y a revisar las sentencias públicas que han sentado precedentes en esta materia, al tiempo que advirtió que en ocasiones la violencia se manifiesta mediante linchamientos mediáticos contra candidatas.
Posteriormente, Araceli Catalán Vázquez, abogada especialista en VPMRG, impartió la conferencia “Abogada en el caso de la anulación de la elección de la Presidencia Municipal de Iliatenco, Guerrero”, donde presentó un caso emblemático ocurrido en una región indígena del estado de Guerrero. Explicó cómo una candidata fue víctima de violencia política a través de pintas y mensajes discriminatorios dirigidos a deslegitimar su candidatura por ser mujer, así como amenazas contra su familia.
Catalán Vázquez relató que la candidata inicialmente no identificó estos hechos como violencia política, lo que evidencia la normalización de estas prácticas; sin embargo, tras perder la elección por un margen mínimo, decidió impugnar el proceso. Finalmente, las autoridades jurisdiccionales determinaron anular la elección municipal por violencia política contra las mujeres, estableciendo un precedente relevante para la protección de los derechos político-electorales.
La especialista celebró la realización de estos espacios de diálogo y formación, al considerar que brindan herramientas para que las mujeres identifiquen, denuncien y enfrenten la violencia política, contribuyendo así al fortalecimiento de una democracia más igualitaria.
Con la instalación de la Mesa Naranja, las instituciones participantes refrendaron su responsabilidad de garantizar los derechos humanos y político-electorales de las mujeres, avanzando hacia una democracia paritaria y libre de violencias.
