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ASE denunció la ilegalidad del contrato de la deuda

Tras la denuncia de la Auditoría Superior del Estado (ASE) por violaciones en la obtención de un crédito que originó una crisis financiera en el municipio de San Francisco del Oro, el exalcalde, A.H.L. fue inhabilitado para desempeñar cualquier cargo, empleo o comisión en el servicio público o participar en contrataciones con el mismo.

La sanción corresponde a la denuncia presentada por el Órgano Fiscalizador ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa (TEJA) al acreditar la falta grave de abuso de funciones en lo que a esa materia corresponde, sin embargo, es importante recordar que existe también un procedimiento penal al respecto por encuadrar la irregularidad en una conducta delictiva.

Durante la revisión de la Cuenta Pública 2022, la ASE encontró la contratación de un crédito ante una SOFOM por 5.7 millones de pesos sin sujetarse a los procedimientos previstos en la Ley, y, además condicionaba al municipio al pago de intereses con tasas por encima del mercado, que lo llevaba a pagar un 139 por ciento más del importe solicitado.

Entre las irregularidades señaladas, el préstamo comprometía las finanzas del municipio no solo en la administración del imputado, sino a la siguiente, además de que el recurso tenía como finalidad su uso para gasto corriente, contrario a lo establecido por la normatividad vigente, que señala la contratación de financiamiento debe ser únicamente con motivo de inversión pública productiva.

La deuda no fue autorizada por el Congreso del Estado, no se hizo la debida investigación para determinar las mejores condiciones del mercado; no se especificó el plazo para pago y no se informó al Cabildo de las disposiciones del contrato necesarias para su debida autorización, fueron de las acciones acreditadas por la ASE para la obtención de la sanción.

La Cuarta Sala Unitaria en Materia de Responsabilidades Administrativas del TEJA determinó la culpabilidad del exalcalde A.H.L. y lo inhabilitó por un año, al contravenir con su acción tanto la Ley de Deuda Pública del Estado, como la Ley de Disciplina Financiera que regula la contratación de créditos por las instituciones públicas.