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Un telón de controversia se cierra sobre el escenario sonorense, donde las autoridades municipales de Cajeme —con Ciudad Obregón como epicentro— han confirmado el veto indefinido al comediante Roberto Carlos Oliva, mejor conocido como Brincos Dieras, tras una presunta denuncia que lo señala por acoso sexual y abuso de menores durante un show previo, un escándalo que transforma risas en reclamos y que ha dejado a cientos de seguidores con entradas pagadas para un espectáculo cancelado de golpe, en un recordatorio brutal de cómo el humor puede cruzar líneas rojas en un estado que no tolera más sombras en sus eventos públicos.

La decisión, emitida por la Dirección de Cultura y Turismo de Cajeme en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Sonora (CEDH) y la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), surgió de una queja anónima presentada el 20 de noviembre por una madre de familia que alega que el payaso, en su rutina de improvisaciones, hizo comentarios «inapropiados y sugerentes» dirigidos a su hija de 12 años durante una función en Hermosillo el mes pasado, un incidente que escaló a cargos formales de violencia de género y explotación infantil cuando testigos corroboraron el testimonio con videos borrosos que circulan en redes. Aunque Brincos Dieras, a través de su equipo legal, ha negado las acusaciones tildándolas de «falsas y motivadas por envidia», el veto prohíbe cualquier presentación suya en recintos públicos o privados con subsidio gubernamental en Sonora, congelando su gira norteña y obligando a reembolsos exprés para los boletos del show planeado en el Auditorio Municipal de Obregón este fin de semana.

Este no es el primer tropiezo del regiomontano, cuya carrera de payaso irreverente —forjada en fiestas infantiles y virales de TikTok con más de 2 millones de seguidores— ya ha sido salpicada por polémicas: desde su confesión de shows privados para narcos durante un año en los 2000, donde admitió «normalizar el miedo» ante armas y capos que lo trataban como «un dios», hasta acusaciones de encubrir infidelidades en bodas de colegas como Kevyn Contreras, pasando por una reciente denuncia contra un imitador que lo caricaturizaba en rutinas ofensivas. En Cajeme, donde la comunidad clama por protección a la niñez en un contexto de violencia familiar que ha cobrado 15 casos de abuso en 2025, las autoridades no esperaron investigaciones exhaustivas: el veto se activa de inmediato bajo el Protocolo de Seguridad para Eventos Masivos, que prioriza la integridad de los menores sobre el entretenimiento, dejando al comediante fuera de festivales como el Festival del Pitic y alertando a otros estados como Sinaloa y Chihuahua para revisar sus contratos pendientes.

La cancelación ha desatado un torbellino en redes, con fans divididos entre quienes defienden a Brincos Dieras como «víctima de cancelación cultural» y madres que exigen justicia, publicando testimonios de «bromas que cruzan límites» en shows pasados. Mientras la FGJE inicia una carpeta de investigación que podría derivar en hasta 12 años de prisión por los cargos preliminares, el veto sonorense se erige como un mensaje demoledor: en México, donde el humor infantil coquetea con tabúes, las autoridades ya no ríen ante denuncias que olían a impunidad, y para Brincos Dieras, lo que era un boleto al estrellato podría convertirse en una sombra que apague sus luces para siempre.