EU pone a México y gabinete contra la pared
Las reformas en el sector energético violan el TMEC, un acuerdo que AMLO presumió y prometió respetar
De todos los frentes abiertos con Estados Unidos en materia de seguridad, migración y economía, el hilo terminó rompiéndose por lo más delgado y delicado: el acuerdo comercial firmado en noviembre de 2018 con Estados Unidos y Canadá, el TMEC.
Este miércoles, la representante comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, solicitará consultas para resolver disputas con el gobierno mexicano, las cuales pueden acabar en los paneles de soluciones de controversias previstos en el TMEC en un plazo de 75 días. Esto quiere decir que el gobierno de Joe Biden está dispuesto a pelearse comercialmente con el de Andrés Manuel López Obrador si no se echan atrás los cambios en el sector energético nacional.
El gobierno estadounidense intentó por todas las vías diplomáticas solucionar las disputas, pero no encontró voluntad del presidente López Obrador y su gabinete. En enero, la secretaria de Energía de EU, Jennifer Granholm, se reunió con funcionarios, legisladores y empresarios para hablar de la reforma eléctrica. Su contraparte en México, Rocío Nahle, dijo que nada le preocupó a la funcionaria, quien respondió que sí expresaron abiertamente sus preocupaciones reales sobre el potencial impacto negativo de las reformas.
El enviado especial para el clima de EU, John Kerry, visitó México tres veces este año para hablar de la política energética de la 4T. Se hicieron acuerdos y compromisos ambientales que, a la luz del reclamo de su colega de gabinete, Katherine Tai, no se cumplieron y ahora el gobierno estadounidense busca llevarlo a nivel de queja y litigio a los paneles del TMEC.
Otros altos funcionarios de EU han visitado el país y han abordado el tema energético. Lo mismo la vicepresidenta Kamala Harris que el secretario de Estado, Antony Blinken, intentaron hacer entender al presidente López Obrador que las reformas legales en el sector energético, la discriminación de los reguladores a las empresas privadas y el monopolio de CFE y Pemex son nocivos para la inversión, el medio ambiente, el comercio y, sobre todo, violan el TMEC, un acuerdo que AMLO presumió y se comprometió a respetar.
La frustración de EU se resume en un párrafo del comunicado de Tai: “Hemos tratado de trabajar de manera constructiva con el gobierno mexicano para abordar nuestras preocupaciones, pero lamentablemente las empresas estadounidenses continúan enfrentando un trato injusto en México”.
El potencial conflicto comercial, legal y diplomático de Estados Unidos con México pasa por prácticamente todos los altos funcionarios del gabinete del presidente López Obrador, aunque el titular del Ejecutivo es el verdadero artífice de la política nacionalista del sector eléctrico y de hidrocarburos.
En primera instancia está la secretaria de Energía, Rocío Nahle, quien a pesar de que tiene un pie fuera de esa dependencia, dejará un legado indecible: promovió la Ley de la Industria Eléctrica –parte toral del reclamo de EU–, cooptó a los reguladores del sector, decretó que las empresas privadas solo pueden comprar gas natural a CFE y Pemex y remató con el desastre de corrupción, opacidad y derroche de dinero de la refinería de Dos Bocas.
En esa misma bolsa están el director de la CFE, Manuel Bartlett –el ideólogo de la reforma eléctrica que no pasó en el Congreso–, y el director de Pemex, Octavio Romero. También la secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, quien se ha preocupado nada por remediar los disparates del trío energético ni en mediar con sus contrapartes estadounidenses. Lo mismo el canciller Marcelo Ebrard, quien ha preferido no meterse en temas comerciales, y el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, que tendría que sacar de algún lado las posibles indemnizaciones que se calculan en más de 10 mil millones de dólares.
La bomba que amenaza con encender Estados Unidos afecta a medio gabinete presidencial.
Posdata
En la Secretaría de Hacienda trabajan a marchas forzadas para entregar el Paquete Económico del próximo año a más tardar el 1 de septiembre. Será uno de los más complicados por el entorno macroeconómico. La alianza opositora ya también trabaja el suyo, con ayuda de tres exsecretarios de Hacienda, los tres “Pepes”: Gurría, Meade y González Anaya.