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POR ERNESTO AVILÉS MERCADO

La Universidad Autónoma de Chihuahua, en ejercicio de su plena autonomía, llevó a cabo la designación del licenciado Mario Trevizo Salazar, como abogado general de la Institución, cargo de gran responsabilidad en nuestra máxima casa de estudios, que lo coloca también como uno de los más viables aspirantes a la rectoría de la UACH, que termina en su período normal en el mes de septiembre de este año.

Con una enorme trayectoria dentro de la Universidad, particularmente como maestro de la Facultad de Derecho, Mario Trevizo Salazar, incursionó también en política, siempre dentro del partido Revolucionario Institucional, militancia que lo llevó a ocupar diversos cargos dentro de la administración pública, finalizando como secretario general de gobierno.

Su actividad laboral en la administración de Cesar Duarte, es motivo principal de las críticas que se le hacen al maestro Trevizo, sin embargo, su perfil académico, su reconocida capacidad para anteponer el interés de la universidad por encima de los personales o de grupo, son factores que se deben tomar en cuenta y no su filiación partidista, su pasada actividad laboral y la cercanía política que tuvo con personajes que son acusados de cometer delitos en contra del Estado.

Uno de los requisitos indispensables para acceder a un cargo dentro de las instituciones, es el no contar con antecedentes penales y hasta donde se conoce, Mario Trevizo no ha sido acusado, citado o emplazado para presentarse ante ningún tribunal penal o administrativo; personalmente, por mi actividad profesional he tenido oportunidad de participar en la defensa de personajes involucrados en la operación Justicia para Chihuahua y en ninguna carpeta se le ha involucrado como presunto responsable, dado que su actividad como secretario general de gobierno, era eminentemente política y no administrativa de recursos económicos; caso contrario, por ejemplo con Jaime Herrera Corral, quien tuvo la responsabilidad de administrar todo el dinero del Estado.

En política, nadie pierde todo ni nadie gana para siempre, y quienes acusan deben tener las pruebas de su dicho, porque si se basan solamente en declaraciones, que, si bien deterioran la imagen de las personas, la mejor prueba de que al final, la verdad es lo que cuenta, la tenemos en la persona de Maru Campos, quien, de ser denostada como persona y política, encabeza hoy la gubernatura del Estado.

ABANDONO INSTITUCIONAL A SENTENCIADOS DEL CERESO

La Fiscalía del Estado, ha dado cuenta del incremento de decesos dentro del CERESO, pero no por muerte natural, sino de homicidios que han ocurrido y que si bien son materia de investigación y seguimiento, a la fecha no se cuenta con resultados.

Para nadie es desconocido, que hacia el interior de los Centros de Rehabilitación, existen dos gobiernos, el institucional y el de facto, que es encabezado por el líder del grupo que tiene más personas a su control y que son en conjunto, los que imponen las reglas a seguir.

Una de las cuestiones que se están presentando en los juzgados de ejecución de penas, es el abandono en que las autoridades lo han dejado.

Por un lado, los elementos de la policía procesal, dependiente del Poder Judicial del Estado, deciden a qué sentenciado trasladar de su ergástula al tribunal que lo requiere.

Diariamente, se presentan casos donde están programadas audiencias de preliberación y por la inasistencia del policía procesal, no se puede llevar a cabo la audiencia.

Pero el asunto no es solamente la policía procesal, sino también de los agentes del Ministerio Público, que tampoco le interesa asistir a las audiencias.

En dos ocasiones en menos de un mes, una persona sentenciada que por el tiempo que ha permanecido detenido, ha cumplido adecuadamente con los requisitos preliberacionales para solicitar su libertad condicional, sin embargo, el representante de la sociedad, no se ha presentado, aún y cuando ha sido debidamente notificado, pero además con el conocimiento del abogado defensor, personal del propio juzgado se ha presentado en las oficinas que se encuentran a menos de 50 metros de los juzgados para reiterar la petición de que asistan, las personas responsables se atreven a decir que en unos momentos se presentará el MP, sin que esto se cumpla.

La magistrada presidenta, los integrantes del Consejo de la Judicatura y el Fiscal, deberían de tomar más en serio su gran responsabilidad respecto de las personas que encontrándose cumpliendo su condena en los ceresos, soliciten audiencias para plantear preliberaciones; se dice que existen saturación en los centros de reclusión, pero no que lo se dice que en un gran número es por la irresponsabilidad de quienes están obligados por su trabajo a conocer de estos requerimientos y atender sus demandas.

Resulta que estábamos mejor cuando estábamos peor.

*INTEGRANTE DE LA AECHIH.

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