POR ERNESTO AVILÉS MERCADO
Por el simple transcurrir del tiempo, más de una veintena de denuncias presentadas en contra del ex gobernador Cesar Duarte y varios de los integrantes de su equipo de gobierno, ante la secretaría de la función pública, cayeron en la figura de la prescripción; es decir, que después de presentarlas, no se les dio seguimiento en su integración, ni se aportaron más elementos de prueba, por lo cual se extinguió el ejercicio de la acción administrativa persecutoria.
Derivadas de estas acciones, que fueron consideradas como soportes fundamentales para la integración de carpetas penales en contra de Cesar Duarte y varios de sus ex funcionarios, la Secretaría de la Función Pública afectó de manera directa la persecución penal de los delitos de peculado, desviación de recursos y otros, permitiendo que prácticamente se cayeran numerosos casos en un no ejercicio de la acción penal, por haber pasado el tiempo establecido por la ley para ejercerlo.
Como se recordará, Cesar Duarte, fue extraditado en Junio del presente año, imputado solamente de tres cargos, que si bien, cada delito no ameritan prisión preventiva oficiosa, por la acumulación de ellos, permanece en el CERESO y aunque se tiene un rosario de nuevas denuncias, no se permite su acumulación, por lo que se tendrá que esperar hasta que se resuelvan, y un vez concluidas, nuevamente habrá que revisar lo relacionado con la caducidad o prescripción de los delitos que se le acusan.
La lucha en contra de la corrupción, que fuera anunciada por Javier Corral, fue iniciada solamente por motivos políticos personales del ex mandatario, para proyectar su imagen a niveles nacionales e internacionales.
Su patológica acción tuvo como finalidad detener a Duarte, maximizando cada acción emprendida en su contra y de sus colaboradores, sin tomar en cuenta los procedimientos jurídicos, respondiendo más a las necesidades mediáticas que a la integración correcta del proceso.
El derecho penal sanciona conductas y Javier Corral, actuó como ministerio público y Juez, al ejercer acción penal selectiva, exonerando a personajes de nuestra comunidad, que recibieron recursos públicos, sólo devolvieron el recurso, pero no se les abrió carpeta de investigación.
Pretendió atacar la corrupción con acciones corruptas de quienes fueron los encargados, al exigir recursos económicos para no involucrar a familiares de los imputados, pagar por la asesoría de abogados recomendados por la entonces consejería jurídica, provenientes de la ciudad de México.
Además de Cesar Duarte, el interés de Javier Corral se centraba en figuras nacionales como el ex presidente Enrique Peña Nieto, Luis Videgaray, Manlio Favio Beltrones, Alejandro Gutiérrez la coneja, este último que fue detenido, procesado y sentenciado en Chihuahua, y quien juro venganza, además, -se advierte-,es el que esta haciéndose cargo de apoyar las acciones en contra de Francisco González el ex fiscal de los expedientes X y quien seguramente no escatimará, recursos económicos, materiales y humanos para procesar a Javier Corral.
Si durante el proceso del ex fiscal Francisco González, se hace mención de que recibía órdenes de Cesar Augusto Peniche y Javier Corral para actuar en contra de los imputados, será argumento suficiente para que sean citados a declarar como imputados y en caso de no comparecer, gustosos buscarían, les obsequiara un juez de control, la correspondiente orden de aprehensión.
El que a hierro mata, a hierro muere….
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