En cualquier democracia funcional, los Guacamaya Leaks hubieran producido investigaciones, renuncias y descabezamientos políticos. En cualquier régimen parlamentario, el gobierno ya hubiera caído. En un sistema verdaderamente transformador, el general Luis Cresencio Sandoval ya habría perdido el puesto por negarse a comparecer ante miembros del Congreso. Pero en México la impunidad es la normalidad. El caos es parte de la cotidianeidad. El que un Presidente mienta, un secretario de la Defensa se escabulla y un Ejército se mande a sí mismo se ha vuelto una realidad tolerada e incluso justificada. Las revelaciones escandalosas de un día son olvidadas ante las revelaciones tenebrosas de la mañana siguiente. Y la magnitud de lo constatado acaba sepultada por las listas de precandidatos presidenciales inventadas por AMLO, por la pusilanimidad de la oposición, y un ciclo mediático enraizado en la inmediatez. Pero «El Guacamayazo» tiene implicaciones y muy serias. Desnuda a un Presidente ignorante o subyugado, exhibe a un Ejército empoderado y desalmado, retrata a un país donde la construcción del narco-Estado avanza ante el pasmo de la autoridad. La militarización va de la mano con la colombianización.
Frente al hackeo que embiste y desviste, López Obrador recurre a cuatro estrategias usuales, distintivas de su estilo personal de gobernar: mentir, minimizar, bromear y distraer. En vez de sonar la alarma, toca la lira. En lugar de apagar el fuego, fomenta la piromanía. Para subestimar la gravedad del mensaje, ataca al mensajero, como lo hizo con la periodista Nayeli Roldán, quien fue a reclamar al Ejército espía. En Palacio Nacional, el hackeo más grande de la historia es tratado como un simple chisme o un ataque por parte de los «adversarios». No importa que el espionaje realizado por la Sedena a periodistas y activistas haya sido confirmado por el Citizen Lab, expertos canadienses en ciberseguridad; Liz Vilchis sugiere que quizás fue obra de Chumel Torres. No importa que los afectados tengan pruebas, y ya las hayan presentado ante la FGR; el Presidente mismo se dedica a desacreditarlos. Así como ocultó el estado de su salud, oculta si él da órdenes a la Sedena o si la Sedena le da órdenes a él.
Entre las muchas contradicciones y dobleces de la «4T», el hackeo expone una fundacional. El gobierno no protege a las madres buscadoras de desaparecidos, o a las víctimas de la violencia, o a la niñez sin vacunas y escuelas, o los periodistas que se juegan el pellejo, o a los activistas que defienden el medio ambiente y los derechos humanos. Pero sí protege a las Fuerzas Armadas. El pilar de un gobierno de «izquierda» es un instrumento de gobernabilidad utilizado por la derecha. Y ese Ejército viola, tortura, espía, desaparece, y actúa a sus anchas. Posee información relevante sobre los vínculos entre narcos y políticos, pero se la guarda. Diseña la legislación para extender su permanencia en las calles, y maniobra para que los diputados la presenten como suya. Veta la entrada a sus instalaciones, aunque eso implique no obtener justicia o verdad para Ayotzinapa, donde fue espectador y también perpetrador. Sabe que los peligros que entraña el Tramo 5 del Tren Maya, pero sigue construyendo la obra a pesar de ellos. Documento hackeado tras documento hackeado, va surgiendo una trama de opacidad y ocultamiento, de silencio y complicidad, de intereses ajenos al pueblo y a la democracia.
El Ejército no es como lo vende el Presidente. No es prístino, ni incorruptible, ni leal, ni «pueblo bueno». El general Luis Cresencio Sandoval es tan fifí y aspiracionista como aquellos a quienes AMLO denuesta a diario. Manda bordar toallas con sus iniciales y los de su esposa, compra y regala corbatas Pineda Covalín y relojes de lujo. Los miembros de las Fuerzas Armadas saben que funcionarios de Campeche, Veracruz y Chiapas podrían estar vinculados con los cárteles, pero no revelan con quién comparten esa información. Los militares violan mujeres, pero encubren el comportamiento criminal de la corporación. Y así, espiando, solapando, armando empresas, planeando la operación de una aerolínea, museos y hoteles -además de lo que ya controlan-, las Fuerzas Armadas arman un meganegocio saqueador, mejor conocido como Sedena Inc. El cártel de cárteles, el supra-poder, al margen de la ley, y por encima del Gobierno Guacamaya que lo engendró.