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El gobierno de Maru Campos, dicen los propios integrantes de su gabinete, se mantienen respetuosos de los procedimientos que lleva a cabo la Secretaría de la Función Pública; más en específico, de los que son objeto el exgobernador Javier Corral y Mónica Vargas, exsecretaria de la Función Pública.
Lo anterior fue el único argumento que el secretario general de Gobierno, Santiago De La Peña, dedicó al abogado Rodolfo Martínez Ayala, quien denunció al Órgano Interno de Control de la Función Pública por dar a conocer la inhabilitación de Vargas en medios de comunicación antes que a ella misma.