Noticias Chihuahua:
México y Estados Unidos firmaron un acuerdo que establece pasos específicos y un nuevo cronograma para abordar la contaminación del río Tijuana, cuyos escurrimientos de aguas residuales cruzan la frontera y afectan las playas del sur de California.
El memorando de entendimiento fue firmado en la Ciudad de México por la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, y el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA), Lee Zeldin.
El documento contempla la ejecución de proyectos prioritarios de infraestructura hasta el año 2027. México se comprometió a destinar 93 millones de dólares a estas acciones, mientras que Estados Unidos continuará con la expansión de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay, cuya conclusión está prevista para el próximo mes.
Zeldin destacó que el acuerdo considera el crecimiento poblacional, los costos de operación y mantenimiento, y otros factores para garantizar una solución duradera. También recordó su reciente visita a la zona fronteriza, donde constató los efectos de la contaminación y escuchó a residentes, autoridades locales y personal militar afectado por las descargas.
Desde 2018, más de 378 millones de litros de aguas residuales sin tratar han llegado al condado de San Diego desde Tijuana. La situación ha provocado cierres prolongados de playas, además de impactos en la salud de residentes, personal de la Patrulla Fronteriza, nadadores y otros grupos, debido a la exposición directa o indirecta a los contaminantes.
Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno ampliará una planta de tratamiento en Tijuana y se implementarán otras acciones para mejorar el sistema de saneamiento en la zona conurbada. También señaló que Estados Unidos deberá realizar inversiones complementarias conforme al acuerdo.
El documento estipula que México desviará este año 37.8 millones de litros diarios de aguas residuales tratadas lejos de la costa. Según funcionarios de ambos países, el convenio representa un avance en la cooperación bilateral para atender un problema de salud pública y medioambiental que ha persistido durante décadas.
