El conflicto en la Sociedad de Alumnos se suma a reclamos por agua, calor, plagas e infraestructura y coloca a la administración de César Eduardo Gutiérrez Aguirre ante un problema que va más allá de las instalaciones: la falta de capacidad para contener el descontento interno.

La Facultad de Derecho enfrenta un problema que ya no puede reducirse a las condiciones físicas de sus instalaciones.

A los reclamos por falta de agua, presencia de plagas, altas temperaturas dentro de las aulas y deficiencias en la infraestructura, se suma ahora un conflicto al interior de la propia representación estudiantil, una situación que expone una fractura en los canales de comunicación de la institución.

El punto que genera mayor preocupación no es únicamente la existencia de un desacuerdo entre estudiantes. Las diferencias dentro de una Sociedad de Alumnos forman parte de la dinámica natural de cualquier comunidad universitaria.

Lo que resulta significativo es que el conflicto haya escalado hasta el punto de hacerse público mediante un comunicado, en lugar de encontrar una salida a través de los mecanismos internos de diálogo.

Y ahí aparece el verdadero problema para la administración encabezada por César Eduardo Gutiérrez Aguirre: no se trata de atribuirle directamente la autoría del conflicto ni de responsabilizarlo por cada diferencia surgida entre estudiantes, sino de observar qué tan efectivos están siendo los mecanismos institucionales para atender los problemas que ocurren dentro de la Facultad.

De las paredes al comunicado

El malestar tampoco surgió de la nada.

Hace algunos días aparecieron pintas en las instalaciones de la Facultad de Derecho con mensajes críticos hacia la administración, entre ellos acusaciones de actuar con tibieza frente a las distintas problemáticas que enfrenta la comunidad.

Las pintas fueron retiradas prácticamente de inmediato.

El hecho puede parecer menor, pero adquiere otra dimensión cuando se coloca frente a los reclamos que estudiantes y trabajadores han venido expresando sobre las condiciones cotidianas de la Facultad.

La pregunta, entonces, no es solamente quién realizó las pintas o si fueron correctas las formas utilizadas para protestar.

La pregunta de fondo es por qué una expresión de inconformidad visible en una pared pudo recibir una respuesta prácticamente inmediata, mientras que otros reclamos relacionados con servicios e infraestructura permanecen como asuntos pendientes.

Porque una administración universitaria puede enfrentar problemas presupuestales, edificios deteriorados o instalaciones que requieren años de inversión para ser rehabilitadas.

Lo que resulta mucho más difícil de justificar es que los problemas de comunicación terminen convirtiéndose en conflictos públicos.

Agua, calor y plagas: los pendientes

En el fondo del malestar existen reclamos mucho más concretos.

Uno de ellos es la falta de agua, una situación particularmente sensible por tratarse de un servicio básico dentro de cualquier espacio educativo.

A esto se agregan reportes sobre presencia de insectos en las instalaciones, aulas con temperaturas elevadas y cuestionamientos recurrentes respecto a las condiciones generales de la infraestructura.

Cada uno de estos problemas puede tener una explicación administrativa, presupuestal o incluso técnica.

Sin embargo, cuando se acumulan y permanecen durante periodos prolongados, dejan de ser asuntos aislados y comienzan a construir una percepción de falta de respuesta.

Ese es precisamente el riesgo para cualquier administración: que cada problema por separado parezca manejable, pero que juntos terminen convirtiéndose en una crisis de confianza.

El problema ya no es solamente de infraestructura

Hasta ahora, la discusión podría haberse reducido a una cuestión de mantenimiento.

Pero el conflicto con la representación estudiantil cambia el escenario.

Si los estudiantes tienen inconformidades con los servicios, las instalaciones o las decisiones administrativas, la institución debería contar con canales capaces de procesar esas diferencias antes de que terminen trasladándose al espacio público.

Y si esos canales no funcionan, el problema deja de ser únicamente material.

Se convierte en un problema de gobernabilidad interna.

No existe, hasta ahora, elemento suficiente para afirmar que los hechos constituyan por sí mismos una irregularidad administrativa o un acto ilegal. Lo que sí permiten plantear es una cuestión distinta: qué tan eficaz está siendo la administración para resolver los problemas que enfrenta su propia comunidad.

Porque una cosa es heredar infraestructura deteriorada, enfrentar limitaciones presupuestales o tener servicios que requieren inversión.

Otra muy diferente es perder interlocución con quienes deberían ser los primeros aliados de una administración: sus estudiantes y sus representantes.

Una paradoja para la Facultad de Derecho

La situación adquiere además una particular relevancia por el tipo de institución de la que se trata.

En la Facultad de Derecho se forman profesionistas cuya principal herramienta será precisamente la capacidad para argumentar, negociar, conciliar y resolver controversias mediante mecanismos institucionales.

Por eso resulta especialmente incómodo que una disputa interna termine escalando hasta hacerse pública.

La administración no tiene que evitar que existan desacuerdos. Eso sería imposible.

Lo que sí debería garantizar es que existan mecanismos suficientemente sólidos para que esos desacuerdos no tengan como única salida una protesta pública.

El problema, entonces, no es que existan críticos dentro de la Facultad.

El problema sería que quienes alguna vez fueron interlocutores terminen sintiendo que ya no tienen dónde ser escuchados.

Y cuando una administración comienza a perder a sus propios aliados, el deterioro deja de medirse únicamente en paredes, tuberías, aulas o servicios.

Empieza a medirse en algo mucho más difícil de recuperar: la confianza de su propia comunidad.