Chihuahua, Chih.- El Congreso del Estado exhortó al Ejecutivo Federal para que informe sobre los avances, investigaciones y acciones llevadas a cabo para subsanar la serie de irregularidades del Instituto Nacional de Migración, descubiertas a raíz de lo sucedido la noche del 27 de marzo de 2023 en la estación migratoria del Instituto Nacional de Migración en Ciudad Juárez; esto a la par de separar de su encargo al titular del mismo, Francisco Garduño Yañez, por el patrón de irregularidades y de omisiones documentadas y reportadas en relación a su gestión.

Por otra parte, se solicitó a la Secretaría de Gobernación para que, a través del Instituto Nacional de Migración, y en conjunto con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, informen a cuánto asciende la cantidad de recursos aplicados a la política migratoria a lo largo de este año 2023 y en qué se han destinado.

Todo lo anterior, luego de ser aprobada por mayoría de votos, la proposición presentada por la diputada Marisela Terrazas Muñoz, quien señaló que la Federación, encargada de la política migratoria, sigue sin abordar de manera efectiva las dimensiones de movilidad de las crisis.

Dijo la legisladora que la Federación no se asegura de que la migración se realice de manera segura, ordenada ni digna; donde se advierte desde ya, que la trata y explotación de seres humanos, en este caso específicamente de migrantes, ha ido a la alza, no se combate la trata ni explotación de mujeres y niños, tampoco el trabajo infantil, ni la feminización de la migración, por mencionar solo algunos.

Después de lo sucedido, señaló, el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pretendió lavarse las manos responsabilizando directamente a la empresa de seguridad privada del incidente que cobró la vida de 40 personas, cuando la realidad es que los guardias seguían órdenes de los altos mandos del Instituto, dependencia que forma parte del Ejecutivo Federal.

Por último, mencionó que existen irregularidades en la operación del Instituto Nacional de Migración que no han sido resueltas; desde las prácticas ilegales y abusivas en contra de migrantes, el uso indebido de recursos públicos en la celebración de contratos de adjudicación directa, la falta de capacitación de los servidores públicos y la omisión de proceso debido a la militarización del Instituto.