Ciudad de México, 22 de enero de 2023.- La renuncia del general Adolfo Marín Marín a la Secretaria de Seguridad Pública de Zacatecas, vuelve a poner en el ojo del huracán la politica de seguridad seguida por el gobierno federal. Como se recordará en esa entidad arrestaron al antecesor del militar, Froylan Carlos Cruz, quien contaba como un amplio curriculum al haberse desempeñado como comisionado de la Policía estatal oaxaqueña y ocupado el cargo de secretario de Seguridad durante el mandato del exgobernador Alejandro Tello. Se le acusó de homicidio y lesiones calificadas causados en el operativo realizado el 19 de junio del año antepasado en el municipio Asunción Nochixtlán, cuyo saldo fue de ocho muertos y un centenar de lesionados.
Su antecesor fue ligado con los narcos. Las famosas narcomantas amanecen un día sí y el otro también en diversos puntos de esa entidad convertida prácticamente en le “piedra en el zapato” de las aspiraciones de Ricardo Monreal al quedar demostrado le quedó muy grande el saco de la gubernatura a su hermano David. Pero no se concentran solamente en esa entidad los reportes de homicidios dolosos y otros delitos. Los de alto impacto, las ejecuciones, el pago de facturas pendientes de los mafiosos sigue su curso; la venta y la exportación de drogas continúa y se incrementa dejando claramente establecida la inutilidad de tener a Joaquín Guzmán Loera tras las rejas, o de la detención de La Barbie o recientemente las de Caro Quintero y Ovidio. La venta, el consumo, la expansión siguen avanzando y en ello está vista y ligada la participación de los gobiernos de México y de los Estados Unidos, en donde el pánico por el consumo de fentanilo tal vez se debe a lo barato de la droga y a la velocidad con la cual logra se mueran los adictos, disminuyendo potencialmente sus ganancias.
Es así considerado como otro de los grandes daños a la nación ocasionados por el régimen de la autodenominada Cuarta Transformación (4T), la extrema violencia resentida en por la aplicación de la política “abrazos no balazos” contra el crimen organizado, la cual, en los hechos, se convirtió en un “dejar hacer, dejar pasar” las actividades ilícitas de los cárteles de la droga, llegando al grado de establecer pactos de impunidad a cambio de su apoyo en procesos electorales, permitiendo a Morena conquistar los estados de producción y trasiego de estupefacientes hacia Estados Unidos.
El próximo presidenta(a) tendrá el reto inmediato de modificar la estrategia, regresar a los uniformados a los cuarteles, atacar las causas reales de la violencia, combatir a las organizaciones criminales, mejorar la coordinación con Estados Unidos y pacificar el país a través de una estrategia integral,no dominada por rencores ni falsas premisas ideológicas y mucho menos ocurrencias pueblerinas. Y, en estas acciones, se deberá acordar con el vecino del norte, hasta cuanto y a quienes, porque no hay forma de ocultar la participación de uno y otro en el tema de las drogas. La gran diferencia tal vez se concentre en la forma: en EU hablan del control, la DEA es la oficina de administración de la droga, o sea: controlan y administran y esto último va desde el precio hasta la forma de lavar el dinero y la conformación de los grupos de menudeo.
En México se tiran balazos a lo tarugo, se persigue y se permite sean los cárteles quienes impongan el estilo, la forma y el lugar. Todo por compartir, debajo de la mesa, las grandes fortunas obtenidas o de llegar a acuerdos en donde quien vende protección, quien ejerce el derecho de piso es, paradójicamente, el gobierno y extiende sus tentáculos a los municipios y a los estados, instruyéndolos en la venta de plazas, decidiendo quien entra y quien sale.
Este desorden ha dado como resultado, además del fracaso, la existencia de 100 organizaciones criminales, grandes, pequeñas y medianas, las cuales se disputan a sangre y fuego el territorio nacional. Ante esto, hay una inacción del gobierno en contra de estos grupos dedicados a un amplio abanico de delitos: extorsión, secuestro, tráfico de personas, de órganos, de estupefacientes, robo de hidrocarburos y narcotráfico. Estas actividades asfixian la economía legal del país, exprimiendo recursos económicos de los ciudadanos e imponiendo el terror. Y ¿el dinero sucio en donde para? ¿Quién se lo queda? ¿En donde lo administran? Los del llamado “imperio” le han dado utilidad expandiéndose o enviando “ayudas al mundo entero” y ¿los del sentido contrario que financian? ¿programas sociales o campañas?
A pesar de que la pandemia de 2020 de Covid-19 prácticamente paralizó la economía del mundo, los cárteles de la droga mexicanos aumentaron su producción y tráfico de drogas, sobre todo heroína, metanfetamina y el terrible fentanilo y multiplicaron sus operaciones de lavado de dinero en el sistema financiero. Tal desarrollo resultaba obvio ante la encerrona de adictos en EU, el principal cliente de estas organizaciones. En contraste, el gobierno de AMLO disminuyó los decomisos de droga y precursores químicos para su producción, destruyó menos plantíos de amapola y confiscó menos bienes y dinero. “Estos cárteles representan una clara amenaza para México y la capacidad del gobierno mexicano para ejercer un control efectivo sobre algunas partes de su territorio”, señalan los reportes del Departamento de Estado de EU, quien advierte: el gobierno de López Obrador no mejora sustancialmente su combate a los cárteles de la droga con datos verificables. “México corre el grave riesgo de ser considerado como un país que probablemente no cumple sus compromisos internacionales de control de drogas”. En esos reportes, obviamente, no señalan son los EU quienes se satisfacen por las ganancias producidas.
México se encuentra en la lista de 22 países donde ocurre la mayor producción y tráfico de drogas en el planeta. En esta lista negra se encuentran Afganistán, las Bahamas, Belice, Birmania, Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Indica, Jamaica, Laos, Nicaragua, Pakistán, Panamá, Perú y Venezuela. Bolivia y Venezuela; en 2020 y 2021, han sido calificadas como naciones que de manera comprobada han fallado en cumplir los acuerdos internacionales para combatir las drogas. México podría ocupar el tercer lugar en esa lista negra. Negra para unos, color verde dólares para otros o ¿tiene en mente el nombre o el apellido de un gran capo gringo? ¿Dónde esconden, guardan, limpian los cientos de millones de dólares diariamente recibidos por la venta de los estupefacientes? Hay señalamientos para unos pero deberían existir para todos, muchos más hacia quienes consumen, porque ahí se topa cualquier lucha ante la ley económica no escrita de la oferta y la demanda.
Los cárteles mexicanos se han fortalecido en los últimos años, pues existe un deficiente control de precursores químicos en México, permitiendose fabricar drogas letales como el fentanilo y contrabandearlas a los Estados Unidos. Además, empresarios y comerciantes de China, envían los elementos para la producción de drogas sintéticas, para evadir los controles en ese país, inclusive en el presente han pasado algunos de sus laboratorios a India y mandan a México los precursores vía África. Aquí aún se permite la libre importación y comercio de al menos tres ingredientes y sus variantes para producir fentanilo. Esto ha permitido el aumento de la producción de drogas sintéticas por parte de los cárteles mexicanos, quienes han incrementado sus ganancias. Los reportes del INCSR dan cuenta de que entidades criminales lavan anualmente millones de dólares en ganancias provenientes del narcotráfico en el sistema financiero mexicano, los cuales “casualmente” no han sido detectados. En ese mismo sistema se lava dinero proveniente de extorsiones, robo de combustible, fraude, tráfico de personas y armas.
Según las autoridades de Estados Unidos, “por corrupción y falta de capacidad”, el gobierno de México no es capaz de evitar eficazmente el lavado de dinero en su sistema financiero. “México debe hacer más para fortalecer los esfuerzos de investigar y enjuiciar los delitos relacionados con las drogas y el tráfico de heroína, cocaína, y especialmente drogas sintéticas”. Pero ¿y ellos? En ese territorio ¿han sido capaces de frenar el lavado, de detener en sus fronteras el paso de la coca, la heroína y la ya legalizada mariguana? La incapacidad del gobierno mexicano para ejercer un control efectivo sobre algunas partes de nuestra geografía, gobernadas ahora por la mafia es una triste realidad. De acuerdo con los informes “México debe demostrar claramente su compromiso con el desmantelamiento de los cárteles y sus empresas criminales, y debe hacer más para proteger las vidas de los ciudadanos mexicanos y estadounidenses amenazados por estos grupos”.
Inmiscuir a los militares para enfrentar a las organizaciones criminales le han sumado costos a las Fuerzas Armadas. Las emboscadas contra sus efectivos, son cosa de todos los días y mantienen prendidas las alertas en los cuarteles militares. La más reciente fue el viernes pasado, cuando el comandante del 65 Batallón de Infantería en Coalcomán, Michoacán, coronel Héctor Miguel Vargas Carrillo, resultó muerto. Un grupo armado, ligado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) esperó el paso del convoy militar en un paraje para atacarlo a balazos y embestir con un vehículo blindado a los soldados. Días antes, el 11 de enero, en el tramo carretero que conduce de Valle de Juárez a Santa María del Oro, en la zona sur de Jalisco, se reportó un tiroteo contra militares. El 7 de enero, al menos dos elementos de la Guardia Nacional y uno del Ejército fueron asesinados durante una emboscada perpetrada por sujetos armados en el municipio de Charcas, en la zona noroeste de San Luis Potosí. Antes, se perpetró la agresión al coronel Juan José Moreno Urzúa, el 5 de enero en Escuinapa, Sinaloa. Tres de sus elementos resultaron heridos en el ataque orquestado por sicarios del Cártel de Sinaloa, a unos 208 kilómetros de Culiacán, antes de llegar a Mazatlán. El 11 de diciembre, pistoleros del brazo armado del Cártel del Noroeste, conocido como la “Tropa del Infierno”, emboscaron a militares en Nuevo Laredo, Tamaulipas, con un saldo de dos oficiales muertos y cuatro delincuentes abatidos. El pasado 13 de septiembre, una unidad castrense realizaba recorrido en Chenalhó y Aldama, en Chiapas, cuando fue atacada por grupos de la delincuencia organizada en el camino cercano a Santa Martha.
Mucho ruido y pocas nueces, mucha verborrea y discursos para no decir nada, solo calificativos y quejas; uso excesivo de la soberanía para no lanzar los petardos necesario al gobierno estadounidense y su responsabilidad en todos los hechos sangrientos ocurridos en México, porque mientras ellos tengan tantos consumidores, la siembra y producción de distintas drogas no se detendrá y menos las organizaciones con recepciones económicas multimillonarias. En esto se camina como en la cola de los elefantes, agarrados trompa y cola. No nos venga Ken Salazar y sus representados con el cuento de estar aquí los más malos.
DE LOS PASILLOS
Este lunes, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, presentará ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una Acción de inconstitucionalidad contra las reformas electorales contenidas en el “Plan B” impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Con esta acción, el blanquiazul pretende defender al Instituto Nacional Electoral (INE) y la democracia mexicana. “Atacar al Poder Judicial, como lo hace López Obrador, pone de manifiesto que el populismo destructor busca convertirse en un régimen autoritario”, sostuvo el líder panista, quien exigió por enésima vez al jefe del Ejecutivo respetar la Constitución, la autonomía y las decisiones de la SCJN.