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El Partido Acción Nacional (PAN) solicitó al gobierno federal la emisión de una alerta migratoria contra Rubén Rocha Moya y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez, con el objetivo de impedir que abandonen el país ante las acusaciones en su contra. La petición surge en medio de señalamientos por presuntos vínculos con el narcotráfico que han sido dados a conocer por autoridades de Estados Unidos, lo que ha generado una fuerte tensión política y mediática.
De acuerdo con dirigentes panistas, esta medida busca evitar que los implicados puedan darse a la fuga, como ha ocurrido en otros casos similares donde funcionarios señalados lograron salir del país antes de enfrentar procesos legales. El vocero del partido, Jorge Triana, advirtió que es necesario actuar de manera preventiva para garantizar que las personas señaladas permanezcan en territorio nacional y puedan responder ante la justicia si así se requiere.
El planteamiento también contempla que los involucrados estén disponibles en caso de que avance una posible solicitud de extradición por parte del gobierno estadounidense, el cual ha acusado a diversos funcionarios sinaloenses de colaborar con el crimen organizado. En ese contexto, el PAN insiste en que el Estado mexicano debe tomar medidas inmediatas para evitar un escenario de evasión de la justicia.
Este escándalo se desarrolla en paralelo a una crisis política en Sinaloa, donde tanto el gobernador como el alcalde han solicitado licencia a sus cargos en medio de investigaciones por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Las acusaciones han sido rechazadas por los implicados, mientras que autoridades mexicanas han señalado que aún no existen pruebas suficientes para proceder legalmente.
La situación ha generado un clima de incertidumbre y presión tanto a nivel nacional como internacional, evidenciando la gravedad de las acusaciones y el impacto político que podrían tener. Mientras tanto, la exigencia de una alerta migratoria se suma a una serie de demandas de la oposición que buscan garantizar que el caso no quede impune y que los señalados enfrenten cualquier proceso legal correspondiente.