Ciudad de México, 29 de mayo de 2024.- La firma estadounidense Vulcan Materials rechazó en definitiva el ofrecimiento de compra del gobierno mexicano de la mina Calica en Playa del Carmen, municipio Solidaridad, Quintana Roo, y consideró la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador “subvalora sustancialmente” sus activos de piedra caliza y el puerto Punta Venado. Insiste: lo ofrecido por el mandatario mexicano es insuficiente en relación con el costo comercial de las reservas de material pétreo en manos de esta empresa. El gobierno mexicano ofrece 6,500 millones de pesos, y la empresa estadounidense reclama un pago indemnizatorio de 1,900 millones de dólares.
Cemex y el Tren Maya están en el centro del conflicto con la gestión de López Obrador en las instancias de resolución de controversias en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La empresa estadounidense en un último posicionamiento se dice víctima de “amenazas políticas, abusos de autoridad y falsas acusaciones” por parte del gobierno mexicano, para tratar de justificar la conversión de sus terrenos en Playa del Carmen en una “supuesta“ Área Natural Protegida”.
Vulcan subraya el plan anunciado por el presidente AMLO de convertir la mina Calica en un espacio turístico no tendría ningún beneficio para la población, “sino para fines privados de turismo comercial y operaciones de grandes cruceros, así como actividades navales. No aceptaremos está expropiación ilegal de nuestras inversiones”, puntualizó. Y con información basan su inconformidad al enterarse de dos grupos de cercanos al gobierno de AMLO interesados en levantar un complejo turístico, por lo tanto ¿Cuál área natural protegida? A esta operación se le dedicó también la construcción del aeropuerto en Carrillo Puerto, el llamado de Tulum. La construcción de una zona turística implica una mayor afectación al medio ambiente y rompe con el compromiso de proteger esa tierra.
El pasado 29 de febrero, el mandatario mexicano informó había reiniciado los acercamientos con Vulcan para intentar llegar a un acuerdo de compra sobre las 2,400 hectáreas que esta empresa posee en Playa del Carmen a través de su filial Calica. También indicó estas negociaciones implicaban pausar el proceso de declaratoria de Área Natural Protegida de esa superficie de tierra, la cual se anunció como una medida para impedir se continúe con la actividad extractiva realizada por Calica en estos terrenos para exportar material de construcción a Estados Unidos.
La propuesta de compra de la gestión obradorista sobre las 2,400 hectáreas asciende a los 6,500 millones de pesos. Con esto, el gobierno busca al mismo tiempo finiquitar el litigio internacional que Vulcan Materiales entabló en su contra en las instancias de resolución de controversias, en el marco del Tratado México, Estados Unidos y Canadá, mediante el cual reclama un pago indemnizatorio por 1,900 millones de dólares. La diferencia entre lo ofrecido y lo reclamado es abismal y el asunto ya llegó a la Casa Blanca en donde se cuenta con un buen número de expedientes turnados al área de revisión del T-MEC y este podría ser el gran detonante para determinar una serie de medidas en contra del país, como los aranceles a productos por ahora liberados.
“En ningún momento hemos recibido una “oferta generosa” para comprar nuestra propiedad. Se nos entregó un avalúo informal, sin firmas y sin detalles, que subvalora sustancialmente nuestros activos, incluyendo las reservas de piedra caliza de las que somos dueños conforme a la ley mexicana, así como el único puerto de calado profundo en la región. No renunciaremos a nuestras inversiones y trabajo, menos aún, por un valor nominal alejado de la realidad e impuesto unilateralmente por el Gobierno de México”, concluye el posicionamiento de la empresa. La misiva no ha recibido respuesta por parte del inquilino de Palacio Nacional, tampoco de Economía o de Relaciones Exteriores, menos aún de la Consejería de la Presidencia desde donde deberían tener la contratación del despacho con el cual llevarían el caso al llegar a las Cortes. Esta controversia entre el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Vulcan Materials, está generado un gran debate sobre la propiedad privada, la conservación del medio ambiente y las relaciones bilaterales entre México y Estados Unidos.
ANTECEDENTES
La disputa comenzó en 2022, cuando López Obrador señaló que los terrenos de Sac-Tun podrían ser expropiados para utilizarlos en la construcción de un parque recreativo, mientras que Puerto Venado podría utilizarse como terminal para cruceros y ferrys. Desde entonces privados; la tensión ha aumentado con las secretarias de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
El régimen de la 4T insiste en declarar como “Área Natural Protegida” una propiedad de la empresa Sac-Tun, antes Calica, la cual contiene una cantera de piedra caliza y el puerto internacional Puerto Venado, en el estado de Quintana Roo. La decisión ha sido recibida con críticas y advertencias por parte de los congresistas estadounidenses, quienes han denunciado “persistentes amenazas y acoso por parte del gobierno mexicano” en contra de Vulcans Materials.
La toma de la propiedad por parte de las autoridades mexicanas en marzo de 2023 y las recientes declaraciones de López Obrador, quien reiteró su intención de convertir el área en una zona protegida, han sido vistas por los políticos estadounidenses como acciones “innecesarias, injustificadas y sin precedentes” perjudicando el desarrollo de infraestructura en México y Estados Unidos.
CEMEX Y EL TREN MAYA EN EL CENTRO DE LA DISPUTA
Desde el 21 de marzo y derivado de las medidas cautelares emitidas por un juez local para que Cemex pudiera seguir con sus operaciones en las instalaciones de Vulcan Materials -antes Calica- personal de la empresa mexicana en apoyo de elementos de la Secretaría de Marina, Ejército Mexicano y agentes ministeriales tomaron dichas instalaciones y desde el pasado 14 de marzo custodian las entradas de Punta Venado.
A través de un comunicado, la cementera regiomontana con sede en San Pedro Garza García, dio a conocer que desde finales de 2022 tiene dificultades para tener acceso a la terminal e instalaciones en donde se encuentran activos y productos de Cemex, pese que desde hace 20 años cuentan con un acuerdo para la utilización de este sitio.
Por eso, y tras no llegar a un acuerdo con Calica en el periodo enero-febrero, Cemex presentó una demanda ante un Juzgado Civil local, donde otorgaron medidas cautelares para que la empresa regia siguiera sus operaciones durante el litigio pendiente. Luego de conceder el Juzgado Cívico las medidas cautelares a Cemex, la compañía decidió utilizar el apoyo de los efectivos militares para poder ingresar a las instalaciones de Vulcan Materials.
Desde hace 20 años, Vulcan Materials arrendó terrenos y proporcionó servicios de descarga y manejo a Cemex en las instalaciones portuarias en Punta Venado. “El plazo de arrendamiento expiró el 31 de diciembre de 2022 y Vulcan le notificó a Cemex formalmente que el contrato de arrendamiento no sería extendido; sin embargo, la cementera respondió a la notificación amenazando que haría que las instalaciones de Sac-Tun fueran confiscadas por el gobierno, y lo cumplió”, acusó la empresa estadounidense.
El 5 de marzo, la Corte Civil de Quintana Roo, resolvió a favor de que un barco de Cemex cargado con cemento entrara al puerto de Punta Venado. Vulcan Materials dice ofreció a Cemex llevar el barco a sus instalaciones a partir del 23 de marzo, una vez que la firma estadounidense pudiera garantizar la contratación de personal y completar las reparaciones (debido a la inactividad de sus operaciones) para garantizar la seguridad de la operación. “Vulcan nunca negó el acceso a Cemex, sólo le pidió tiempo, mismo que no aceptó. La única razón que explica este asunto es que buena parte del material que Cemex está descargando en Punta Venado es para continuar con las obras de construcción del Tren Maya, levantamiento prioritario del gobierno federal. De ahí que estuvieran apoyados por fuerzas navales fuertemente armadas”, añadió una fuente que conoce el caso y pidió guardar el anonimato.
“Calica incumplió con las medidas dictadas por el juez para permitir el acceso de Cemex a las instalaciones”, dijo la cementera, por lo que escaló el conflicto con una denuncia penal ante la Fiscalía del Estado de Quintana Roo. Sobre los hechos del 14 de marzo, la cementera argumentó que fue resultado del cumplimiento de una orden judicial. “Con base en las medidas cautelares y de conformidad con las leyes aplicables, el 14 de marzo las autoridades competentes cumplieron la orden judicial para permitir a Cemex nuevamente el acceso a la propiedad y restablecer sus operaciones en la terminal”.
La disputa ha erosionado la confianza en el liderazgo del presidente López Obrador para hacer cumplir los acuerdos de libre comercio existentes y adherirse al Estado de derecho. Los senadores estadounidenses han instado al gobierno mexicano a revertir las acciones tomadas contra Vulcan y a trabajar hacia una solución beneficiosa para todas las partes involucradas.
DE LOS PASILLOS
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