Con 60 ambientalistas asesinados en 2022, Colombia se convierte en el país más peligroso para la defensa del planeta, según el informe anual de la ONG Global Witness.
El reporte indica que en el mundo al menos 177 ambientalistas fueron asesinados en el mundo el último año, el 88 por ciento de ellos en América Latina.
Aunque la cifra global es levemente inferior a la del año anterior (200), «la situación no ha mejorado sustancialmente» y se mantuvo el promedio de un activista asesinado cada dos días, determinó la organización británica.
Atravesado por un conflicto armado de medio siglo, Colombia siempre ha estado entre los países más letales para los ambientalistas. En medio de un repunte de la violencia, el año pasado casi se duplicaron los asesinatos con relación a 2021, cuando se registraron 33 víctimas.
«Una vez más, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, quienes se dedican a la agricultura a pequeña escala y las personas que defienden el medioambiente han sido duramente golpeados» en ese país sudamericano, apuntó Global Witness.
Desde su llegada al poder en agosto de 2022, el presidente izquierdista Gustavo Petro se comprometió a frenar la violencia contra los activistas, pero oenegés locales denuncian que sus acciones han sido insuficientes.
Defender la naturaleza el año pasado también fue letal en Brasil (34 asesinatos), México (31), Honduras (14) y Filipinas (11). Estas cifras muestran que ser activista ambienta en Latinoamérica es peligroso.
«Sigue siendo difícil especificar las causas exactas que provocaron los asesinatos», según Global Witness, pero la mayoría estuvieron relacionados con agroindustria, minería, tala de árboles, acceso al agua y caza furtiva.
Los menores de edad también fueron blanco de violencia: Tres en Brasil, uno en Colombia y otro en México. Tres eran indígenas.
«Ni un muerto más»
Tras el asesinato de cuatro compañeros ambientalistas, Nadia Umaña y los otros tres que quedaron vivos huyeron de su territorio en el norte de Colombia.
Socióloga de 35 años, Umaña forma parte de una organización que reclama las tierras de campesinos desplazados por paramilitares, en la frontera entre Magdalena y Cesar, dos departamentos marcados históricamente por la violencia de los escuadrones de derecha.
«Saber que un compañero tuyo fue asesinado es un dolor que no tiene palabras», dijo Umaña.
La mujer denuncia «un ataque sistemático» contra su organización por oponerse a los paramilitares y sus negocios de ganadería, siembra de palma de aceite y explotación de hidrocarburos en las tierras robadas.
«Defender el medio ambiente, defender la naturaleza, defender la tierra (…) aquí en Colombia es una profesión de riesgo», explica.
Incluso la vicepresidenta Francia Márquez, galardonada en 2018 con el Premio Goldman -también conocido como Nobel del medioambiente-, ha recibido múltiples ataques y amenazas. En 2019, antes de su llegada al poder, sobrevivió a un atentado con granadas y ráfagas de fusil por defender el agua de las comunidades negras frente a la minería.
Cansados de las amenazas, Umaña y sus compañeros ahora luchan desde la distancia en la capital.
«Tomamos la decisión de no poner un muerto más» y mudarnos a Bogotá, lamentó.
Brasil y México
Aunque existe un subregistro, «al menos mil 910 personas defensoras de la tierra y el medioambiente han perdido la vida en todo el mundo desde que Global Witness empezó a documentar estos homicidios en 2012».
Del total, el 70 por ciento se registraron en América Latina.
El primer presidente de izquierda en la historia de Colombia aspira llevar al país a una transición energética y pone en el centro de su discurso la protección de la Amazonía y los activistas.
Sin embargo, la ONG Somos Defensores señala que «la deuda persiste», con un aumento del 42 por ciento de los asesinatos de defensores de derechos humanos en 2022 y una impunidad que ronda el 95%.
En Brasil los ambientalistas enfrentaron «una hostilidad implacable» por parte del entonces presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), negacionista del cambio climático.
México, el país con más asesinatos en 2021, «registró una caída notable» al pasar de 54 a 31, pero la situación sigue siendo «alarmante», según el informe.
En Asia se documentaron 16 homicidios, 11 de ellos en Filipinas.