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Ciudad de México, 14 de diciembre de 2022.- En las páginas negras de la historia mexicana quedará inscrito el atentado a la democracia perpetrado por el régimen de la autodenominada Cuarta Transformación, encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador. Serán tristemente recordados los nombres de los diputados y senadores causantes de dinamitar al Instituto Nacional Electoral y abrir el camino con el cual el gobierno federal controlará la organización y resultados de los comicios federales y locales en el país, con un retraso histórico de más de tres décadas y la cancelación de los avances alcanzados con la lucha y esfuerzo de todos los mexicanos. Ante la inminente aprobación del llamado “Plan B” de AMLO en materia electoral, especialistas, académicos, organizaciones ciudadanas y exconsejeros del IFE y del INE alertan sobre los riesgos de establecer la ruta hacia un régimen preponderante permitiendo el establecimiento de un nuevo maximato en la persona del actual inquilino de Palacio Nacional.

El enorme pavor a perder las elecciones presidenciales del 2024 empuja a López Obrador a hacer trampas electorales por adelantado, aún cuando sus “corcholatas” destapadas por él mismo cuentan, según los últimos sondeos, con el respaldo de la mayoría del electorado hasta el momento, cuando aún no se conoce la figura política de oposición que le hará frente en las elecciones federales próximas. El macuspanense no duda en violar la Constitución con sus reformas a leyes secundarias para garantizar la ventaja de sus candidatos a cargos de elección popular, incluyendo la Presidencia de la República, la integración del Congreso de la Unión y ocho gubernaturas, cuando la oposición a su administración crece paulatinamente y la reprobación de su gestión se mide todos los días en las encuestas de opinión pues siguen sin ser resueltas las crisis multifactoriales con las cuales logró llegar a la Presidencia de la República:

La ola de violencia, con más de 140 mil ejecutados y contando, en cientos de masacres en todo el territorio nacional; la impunidad y la fallida administración y procuración de justicia; el estancamiento económico. El actual es un sexenio perdido en la materia, y el crecimiento persistente de la pobreza y la pobreza extrema; los retrocesos en el sector salud, con el desmantelamiento de la anterior estructura que garantizaba la atención a millones de mexicanos hoy víctimas del desabasto de medicamentos y el fracaso de los ocurrentes sistemas intentados por la 4T; la acrecentada corrupción en el gobierno federal permitiendo fraudes como el de Segalmex, mayores a los de la administración de Enrique Peña Nieto, así como el enriquecimiento de la familia de López Obrador y allegados, quienes sin ningún rubor reciben contratos millonarios de la administración federal, demostrando con corruptos iguales a sus antecesores.

Las reformas a las leyes electorales planteadas por AMLO violan la Constitución y serán objeto de una amplia disputa en el Poder Judicial, aunque esto no le preocupa al presidente, pues cuenta con el sometimiento de los magistrados electorales y la sumisión de este presuntamente poder independiente. Nada le ha importado al mandatario, ni siquiera el hecho de acarrear un gran desprestigio a nivel internacional ante el embate y desmantelamiento de una autoridad electoral independiente, echando por la borda la imagen de demócrata pregonada desde sus conferencias mañaneras, en donde no deja de mentir ni un solo día. Su reputación está por los suelos, e incluso en algunos países como Perú están estudiando declararlo “persona non grata”.

Sin ningún rubor, López Obrador se dirige hacia el autoritarismo, cancelando el régimen democrático con el cual conquistó la Presidencia de la República y logró el control del Congreso de la Unión, en donde, sin duda alguna, ha traicionado a la ciudadanía, a quienes le otorgaron el voto, por sus ambiciones de poder absoluto. Los términos en la redacción de reformas electorales contiene los elementos esenciales para poder dar en el futuro cercano un golpe de Estado en México, instaurar un régimen autoritario y establecer un nuevo maximato en la figura del tabasqueño, a quien el próximo titular del Ejecutivo federal deberá rendirle obediencia y plestesía. AMLO empuja para tener el control absoluto de las elecciones; para tener bajo su mando quién vota con el dominio del padrón electoral; para poder entorpecer la instalación de casillas y para evitar se hagan los cómputos inmediatos de las elecciones, imponiendo las condiciones para manipular los resultados electorales, al igual que lo hace con sus encuestas para determinar candidatos a cargos de elección popular.

Don Andrés ordenó a sus sumisos legisladores desmantelar al INE y diluir el sistema democrático del país; cancelar una institución cuyo trabajo ha dado paz y estabilidad a México y ha permitido la alternancia del poder entre diversos partidos políticos; cancelar de facto el derecho de los ciudadanos a tener elecciones libres y creíbles; violentar el Estado de Derecho, dinamitar la división de poderes, y preparar el fraude de las elecciones presidenciales del 2024, para impedir gane la oposición y evitar se le pidan cuentas de su fallida administración, lo cual lo podría llevar a pasar sus últimos días tras las rejas, dada la cantidad de fechorías cometidas por él mismo, sus familiares, colaboradores y allegados. Desea controlar al próximo presidente de la República, por eso impulsa a una candidata sumisa, obediente, quien no osa a levantar la mirada en su presencia y mucho menos poner en duda sus órdenes. Busca controlar nuevamente el Congreso de la Unión y todas las gubernaturas.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación deberá de anular esta arbitrariedad legislativa, la construcción del fraude electoral que se prepara para las próximas elecciones federales, de no hacerlo se convertirá en cómplice. Por desgracia la realidad muestra, antes de siquiera presentarse los renglones anticonstitucionales, el tabasqueño tiene en la bolsa el voto en favor de sus modificaciones de 4 magistrados, independientemente de la gratitud que deberá mostrar quien ocupe la silla de Arturo Zaldívar a partir del primer día del próximo año.

A unas horas de llevarse a cabo la votación del “Plan B” en el Senado de la República, las y los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por primera vez emitieron un pronunciamiento en el cual expresan su preocupación por la posible aprobación de estas reformas, al señalar: “se advierten deficiencias que ponen en riesgo la operación de los procesos electorales”. En conferencia de prensa, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, leyó el pronunciamiento subrayando:.. estos cambios a la ley electoral pueden trastocar profundamente el sistema electoral construido en el país. Advirtió se eliminarían un 84.6% de las plazas del Servicio Profesional Electoral y la estructura subdelegacional, poniendo en riesgo la eficacia y eficiencia de los procesos electorales y la atención en los módulos dónde se tramita la credencial para votar con fotografía.

Córdova destacó: desaparecer las 300 juntas distritales pondrá en riesgo no sólo la confección del padrón electoral, la instalación de casillas y la realización de los cómputos de los votos, sino también el monitoreo puntual de todas las estaciones de radio y televisión del país, la fiscalización de las actividades de los partidos políticos y de las campañas electorales, y el cumplimiento de las obligaciones dirigidas a combatir la violencia política contra las mujeres en razón de género. “Manifestamos nuestra preocupación tanto por el contenido de la reforma que está discutiéndose en las cámaras del Congreso de la Unión, como por el desarrollo del proceso legislativo”. El INE hizo un llamado a las legisladoras y legisladores a analizar con profundidad los impactos de los cambios propuestos y a establecer los mecanismos pertinentes para enviarles toda la información técnica que requieran para tomar las mejores decisiones.

A su vez, el consejero Ciro Murayama enfatizó se pondría en riesgo el padrón electoral de 95 millones de personas, porque los módulos del INE son coordinados por las juntas distritales. Con la reforma, los vocales operativos van a poder contratar personal cuando sea necesario, pero sin estar sujetos a los miembros del servicio profesional electoral, es decir, no habrá certeza sobre quiénes operarán la elección. “No vayamos a volver a la época en donde los operadores políticos del gobierno eran los que acababan armando las casillas. Ese es uno de los riesgos fundamentales en la certeza y respeto al voto”.

Al cierre de estas líneas seguía el maratón Guadalupe-Reyes de las modificaciones, no habrá ganador, de una o de otra forma, con o sin cambios, los ciudadanos seremos los perdedores.

DE LOS PASILLOS

Ante la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, Leonel Cota, titular de Segalmex, informó existen observaciones de la Secretaría de la Función Pública y de la ASF por más de 9 mil 500 millones de pesos, entre 2019 y 2021. La SFP realizó 64 actos de fiscalización en ese periodo, con montos observados por 6 mil 052.3 millones de pesos. En la cuenta pública del 2020 existen 22 pliegos extras por un monto de 3 mil 465.8 millones de pesos….Lo aceptó, ¿y?… Las consecuencias destructoras de la 4T alcanzaron, como se los habíamos informado a través de todas las redes de MXN radio y televisión desde hace cinco semanas, al Nacional Monte de Piedad. La cabeza de este otrora benéfico patronato habla de quiebra causada por los contratos colectivos de los trabajadores, pero son otras las causas y mucho más lo oculto detrás de la salida de oro y piedras preciosas al extranjero. Ya les platicaremos.

Por AL PE

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