En los meses de enero y febrero, las autoridades iraníes han ejecutado a 94 personas en el marco de las protestas antigubernamentales tras la muerte bajo custodia de Mahsa Amini, denunciaron la organización Amnistía Internacional (AI) y el Centro Abdorrahman Borouman.

«Están llevando a cabo ejecuciones a una escala aterradora”, declaró Roya Boroumand, la directora ejecutiva de la ONG Abdorrahman Borouman.

Del total de víctimas, 14 eran kurdos, es decir, el mismo grupo étnico al que pertenecía Mahsa Amini.

Otros 13 eran baluches y uno era un árabe ahwazí, una minoría que reside en la provincia de Juzestán, en el suroeste de la nación. El resto no está determinado.

Actualmente, el país enfrenta una oleada de manifestaciones tras la muerte de Amini, una joven kurda que falleció tras ser detenida por llevar mal el velo.

«Sus acciones constituyen un ataque al derecho a la vida y un intento desvergonzado no sólo de oprimir aún más a las minorías étnicas, sino también de sembrar el temor de que la disidencia sea reprimida con la fuerza bruta, ya sea en las calles o en la horca”, dijo Boroumand.

«Es desgarrador que las ejecuciones se produzcan de forma rutinaria en medio del uso sistemático de confesiones contaminadas con tortura para condenar a los acusados en juicios manifiestamente injustos”, dijo por su parte la directora regional adjunta de AI para Oriente Próximo y Norte de África, Diana Eltahawy.

Desde 2022, el régimen ha respondido con condenas extremas, pena capital y ahorcamientos en público. Además, las autoridades han determinado las condenas en juicios irregulares.

«Instamos a todos los estados a ejercer la jurisdicción universal sobre todos los funcionarios iraníes de los que se sospeche razonablemente que tienen responsabilidad penal por delitos de Derecho Internacional y otras violaciones graves de los Derechos Humanos”, afirmó Eltahawy.