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La diputada Sandra Anaya y la magistrada Mónica Boggio deben aprovechar la oferta de devolver los terrenos de Tequesquitengo, adquiridos mediante maquinación gubernativa.
Ellas, como José Luis Galindo y Gerardo Becerra, también exempleados de Cuauhtémoc Blanco, con ventajas políticas compraron terrenos propiedad del pueblo de Morelos a un precio prohibitivo por anómalo. Las investigaciones judiciales podrán alcanzar áreas de exfuncionarios cuauhtemistas que actualmente laboran en el margarismo, por otras faltas.
La devolución de una parte del cuerpo del delito —los terrenos son sólo una parte— supone un arreglo político. En la perpetración de tal acto punible no tiene cabida el arreglo jurídico, operación ventajosa que debe tener consecuencias penales que iniciarían con la rescisión de los contratos de compra-venta.
Antes de entregar la oficina del Fideicomiso Lago de Tequesquitengo por el cambio de gobierno —esta es otra parte del cuerpo del delito—, desapareció la lista de adquirientes de predios durante el cuauhtemato depredador.
No se olvida que Anaya, al revelarse la investigación periodística en el diario El Regional del sur, amenazó al periodista Gerardo Suárez, autor de la misma y subdirector editorial del tabloide, con denunciarlo… por mentir. Abogada —Suárez también lo es—, la actual diputada sabe que en el señalamiento periodístico no se dijo ninguna mentira. Sí compró los predios y utilizó su influencia como parte del equipo de ensueño de Palacio de Gobierno, como Boggio, para hacer crecer su patrimonio con tan poco invertido.
El círculo negro de Cuauhtémoc Blanco actuó abusivamente nueve años en Morelos —tres de ellos como edil de Cuernavaca—, él siendo cabecilla, mas no alcalde ni gobernador. Parte de ese tiempo, José Manuel Sanz fue alcalde y gobernador tres años, cerrando el sexenio Ulises Bravo, hermano uterino de Cuauhtémoc Blanco a quien la presidenta Claudia Sheinbaum tiene presente desde el Coyoacanazo de 2018.
En la maquinación del asunto Tequesquitengo, Cuauhtémoc el Tricampeón Blanco podría ser responsable al menos de los delitos de Connivencia y Prevaricato que se pagan con cárcel.
letraschiquitas
Como mandata la ley 37 de Las 48 leyes del poder, el gabinete político del margarismo armó un espectáculo imponente —del tamaño de la depredación sistémica en el cuauhtemato—, para generar esa aura de poder a que refiere Greene: para dejar claro que la gobernadora es Margarita González-Saravia***. En las 17 secretarías de Despacho del gobierno de Morelos, advirtió la contralora Alejandra Pani, quien como diputada federal recibió malos tratos políticos de Cuauhtémoc Blanco, abrió un total de 17 expedientes que, sin duda, se convertirán a denuncias penales***. Quienes hayan comido tacos de grasas trans en la sede alterna a San Lázaro e invitados por Blanco, como el stripper Sergio Mayer —«Acaba de meter un golazo este cabrón»—, deben saber que la taquería La casa del trompo abrió gracias a otra maquinación gubernativa***. El efectivamente Pirata de Culiacán, obtuvo información de mil 290 empleados de la Fiscalía de Morelos, que se suma a la de la CDMX, Veracruz y Nuevo León en ser atacada, informó el periodista Ignacio Gómez Villaseñor, premio The Merck Foundation 2020.
