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El sistema penal en Chihuahua vuelve a quedar en entredicho por un caso que roza lo inverosímil. La Primera Sala Penal del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) dejó sin efecto la audiencia en la que se había concedido el beneficio de semilibertad a Edgar Hernán E. V., sentenciado por secuestro agravado, pero lo que agrava aún más la controversia es que el beneficiado es hermano de la magistrada Nancy Escárcega, integrante del propio tribunal.

La audiencia original, celebrada el pasado 18 de septiembre, había permitido que el sentenciado —condenado por uno de los delitos más severos del código penal— pudiera acceder a un régimen de semilibertad. Sin embargo, tras la apelación promovida por la Fiscalía de Distrito Zona Centro, la Primera Sala Penal notificó el 31 de octubre que todo el procedimiento queda sin efecto, ordenando además reponer el trámite ante un juez distinto al que había concedido el beneficio.

La decisión parece buscar limpiar el proceso de cualquier sombra de influencia o conflicto de interés, pero la sospecha ya está instalada: ¿cómo fue posible que un sentenciado por secuestro llegara siquiera a tener una audiencia de semilibertad dentro del mismo sistema donde su hermana ocupa un alto cargo judicial?

Mientras el expediente se mueve entre apelaciones y reposiciones, la sociedad observa una vez más cómo el sistema de justicia estatal se enreda en su propia estructura. Las víctimas quedan en segundo plano, y los nombres y apellidos dentro del Poder Judicial parecen pesar más que los delitos cometidos.

La Fiscalía, por ahora, está a la espera de la nueva fecha para revisar la medida cautelar y de la designación de otra Sala Penal para continuar con la causa 226/2005. Sin embargo, la mancha en la credibilidad del TSJE ya es visible: este caso no solo pone bajo la lupa la imparcialidad de los jueces, sino también los vínculos familiares que rondan los pasillos de la justicia en Chihuahua.