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El Reino Unido ha decidido mantenerse dentro de la Convención Europea de Derechos Humanos, tras un intenso debate político que dividió a los principales partidos. La propuesta para retirarse fue rechazada por una amplia mayoría en el Parlamento.
Durante la discusión, varios legisladores advirtieron que salir del acuerdo habría dañado la imagen internacional del país y debilitado su papel como defensor de las libertades civiles.
El gobierno consideró que, aunque existen puntos de fricción con la convención, mantenerse dentro del marco europeo ofrece estabilidad jurídica y respeto a los compromisos internacionales.
El primer ministro declaró que el Reino Unido puede proteger su soberanía sin necesidad de romper con los tratados de derechos humanos.
La oposición celebró la decisión, señalando que abandonar el convenio habría afectado la confianza en la justicia británica y debilitado su posición diplomática en Europa.
Este debate también reflejó las tensiones internas sobre la política migratoria, pues algunos sectores conservadores consideran que la convención limita la capacidad de expulsar a migrantes irregulares.
La ciudadanía se mantiene dividida: algunos defienden la importancia de proteger los derechos humanos universales, mientras otros exigen más control nacional.
Expertos en derecho internacional aplauden la decisión como una señal de equilibrio entre autonomía y responsabilidad global.
Con este resultado, el Reino Unido busca reafirmarse como un actor estable en el escenario europeo, aun fuera de la Unión Europea.
