Durante años, una operación encubierta ha estado funcionando entre agencias de seguridad mexicanas y personal de inteligencia de Estados Unidos para combatir al crimen organizado en el país, particularmente contra el poderoso Cártel de Sinaloa.
Esta colaboración ha incluido entrenamiento especializado, apoyo económico y tecnología de vigilancia avanzada, todo gestionado en secreto por elementos de inteligencia extranjeros que operan desde distintas bases en territorio mexicano.
Se sabe ahora que estas acciones han sido clave en la captura de importantes figuras del narcotráfico, como el hijo de un conocido líder criminal, así como en varias incautaciones de armas y drogas.
El incremento en muertes por fentanilo en Estados Unidos ha encendido las alarmas, y ha provocado que la atención de agencias extranjeras sobre México se vuelva más intensa y directa.
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Aunque los resultados operativos han sido visibles —como arrestos de alto nivel y reducción temporal en el flujo de droga—, también se ha generado un efecto secundario: el rompimiento de alianzas entre grupos criminales, lo que ha detonado nuevos brotes de violencia.
Hay sectores que critican esta estrategia por ser demasiado militarizada, similar a las utilizadas en países en conflicto, y que no ha logrado disminuir la violencia de forma sostenida ni evitar que la droga llegue a su destino.
Otro punto delicado es la falta de transparencia en estas operaciones. En muchos casos, ni el Congreso mexicano ni organismos civiles conocen los detalles, lo que deja dudas sobre la legalidad y el respeto a los derechos humanos.
Además, existe una discusión creciente sobre si estas acciones violan o no la soberanía de México. Para algunos expertos, aceptar el apoyo sin control de agencias extranjeras pone en riesgo la autonomía del país.
Sin embargo, otros ven esta cooperación como necesaria, frente a un problema tan complejo y transnacional como lo es el narcotráfico, donde un país solo no puede hacer frente a toda la estructura criminal.
En este contexto, México se encuentra en una situación delicada: necesita resultados en seguridad, pero también debe asegurar que esas acciones estén alineadas con la ley, el respeto a la soberanía y los derechos de su gente.
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