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Resulta curioso cómo algunas organizaciones parecen descubrir una velocidad sorprendente cuando el reflector mediático apunta hacia ellas. El CEDEHM decidió que un comentario polémico amerita movilizar a la Fiscalía y pedir el retiro de programas de comunicación. En un estado donde miles de víctimas siguen esperando justicia, la prioridad parece ser apagar un micrófono. Al parecer, la censura ahora también puede presentarse envuelta en papel de derechos humanos.
La ironía es difícil de ignorar. Durante años, estas organizaciones han defendido —con razón— el derecho a denunciar abusos, cuestionar autoridades y expresar opiniones incómodas. Pero cuando la crítica deja de apuntar al poder y toca una causa que consideran intocable, entonces la libertad de expresión parece convertirse en un derecho sujeto a autorización. Qué conveniente resulta defender la libre expresión… siempre y cuando nadie piense distinto.
El comunicado incluso solicita retirar emisiones completas por considerarlas un vehículo de revictimización. La pregunta inevitable es si el siguiente paso será instalar un comité que decida qué opiniones son aceptables y cuáles merecen desaparecer. Porque una democracia donde las ideas se responden con denuncias y no con argumentos deja de ser un espacio de debate para convertirse en un concurso de silencios.
Lo más desconcertante es el contraste de prioridades. Mientras Chihuahua enfrenta desapariciones, feminicidios sin resolver, homicidios y una impunidad que sigue golpeando a cientos de familias, el CEDEHM parece encontrar más urgente librar una batalla contra un comentario que contra los problemas estructurales que dicen combatir. Esa diferencia alimenta una percepción incómoda: que algunas causas solo reciben atención cuando garantizan cámaras, titulares y presencia pública.
La memoria de Marisela Escobedo merece respeto, nadie lo discute. Lo que sí merece cuestionarse es que su nombre termine utilizándose como argumento para intentar limitar el debate público. Defender derechos humanos nunca debería significar decidir quién puede hablar y quién debe callar. Porque cuando una organización que nació para proteger libertades termina pidiendo que se retiren contenidos por expresar una opinión, corre el riesgo de parecer menos un centro de derechos humanos y más una oficina de control editorial con discurso progresista.
