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Un nuevo informe de seguridad reveló que en lo que va del año han sido asesinados más de 100 funcionarios y representantes políticos en distintas partes del país. Los ataques se concentran principalmente en zonas con fuerte presencia del narco.

El caso del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, fue el más reciente y generó indignación nacional. En Guanajuato, otro edil fue asesinado hace solo unos días, mostrando un patrón de violencia directa contra autoridades locales.

Los analistas aseguran que los grupos del crimen organizado buscan tener influencia en los gobiernos municipales para controlar contratos, obras públicas y protección territorial.

Este tipo de amenaza se ha vuelto una herramienta para que los criminales impongan condiciones o eliminen a quienes no colaboran con sus intereses.

El informe también advierte que los asesinatos y secuestros de políticos aumentan en tiempos electorales, cuando se disputan el control de recursos públicos.

La falta de castigo alimenta la impunidad, pues pocos casos llegan a resolverse completamente y muchas investigaciones se frenan por miedo o corrupción.

Autoridades federales aseguraron que trabajan en un protocolo especial para proteger a alcaldes y candidatos en zonas de riesgo. Sin embargo, muchos consideran que la respuesta ha sido lenta y poco efectiva.

El miedo ha provocado que varios aspirantes renuncien a sus cargos o declinen participar en las próximas elecciones por temor a represalias.

En comunidades pequeñas, la presencia del crimen organizado es tan fuerte que incluso se decide quién puede competir por un puesto público.