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Ciudad de México.- El presidente Andrés Manuel López Obrador hace tres meses, las autoridades mexicanas, especialmente el Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía General de la República (FGR), han entorpecido la investigación para esclarecer las responsabilidades en el incendio del centro de detención migratoria de Ciudad Juárez, en el que fallecieron 40 personas.
Ya transcurrieron 90 días desde el incendio que conmocionó a la sociedad mexicana y las autoridades “siguen culpando a las personas migrantes, sin asumir su responsabilidad”, deploró un grupo de organizaciones de la sociedad civil que dan seguimiento a la investigación, el cual advirtió que este caso “no puede ser una más en la cuenta de casos impunes del Estado mexicano, ni quedar en el olvido”.
En la noche del 27 de marzo estalló una protesta en el centro de detención del INM en esta ciudad fronteriza; unas personas prendieron fuego a sus colchonetas, y los custodios –algunos del INM y otros de una empresa privada– los dejaron encerrados en su celda, donde la mayoría falleció, lo que reunió las características de un “crimen de Estado”, según las organizaciones.
Éstas observaron que, mientras Francisco Garduño Yáñez permanece en su cargo de comisionado del INM, ese Instituto y la FGR han emprendido procesos de “revictimización y hostigamiento” contra los sobrevivientes y sus familias, restringiéndoles el acceso a abogados, u obligándoles a ir a declarar a Ciudad Juárez a sabiendas de que se encuentran en la Ciudad de México.
Denunciaron, por ejemplo, que el INM ejerce presión sobre las víctimas para evitar que se comuniquen con las organizaciones de la sociedad civil, con la amenaza de quitarles los apoyos y la atención médica a la que tienen derecho. También resaltaron que agentes del INM han llevado migrantes a declarar ante la FGR por este caso, “lo que podría constituir un proceso de coacción”.
Por ello, exigieron que la FGR deje atrás “la simulación” y castigue a los “verdaderos responsables” de las violaciones a derechos humanos contra las personas en migración, “comenzando por separar del cargo a Francisco Garduño y no obstaculizar la representación jurídica de los sobrevivientes”.
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