MÉXICO DEBE FORTALECER LA AUTONOMIA DEL PODER JUDICIAL
La Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas
(CIDHPDA) en voz de su Comisionado para América Latina y el Caribe Víctor Hugo Gutiérrez
Yáñez, calificó que después de las declaraciones del secretario de Gobernación, Adán
Augusto López, donde el pasado jueves aseguró que eliminar la prisión preventiva oficiosa,
una posibilidad que contempla la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN),
representaría el fin de “toda la estrategia de seguridad” del gobierno federal.
“Si este proyecto llegara a declararse viable, pues estaría terminando con toda la estrategia
de seguridad de este país y yo creo que eso no lo merecen los mexicanos”, dijo ante
diputados de Morena.
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Gutiérrez Yáñez recalco que una medida de carácter punitivo que daña la presunción de
inocencia, que afecta al Derecho de la Defensa y transgrede el Articulo 8.3 de la Convención
Americana no debe estar esta decisión en manos del poder ejecutivo.
Consideró que México con este tipo de presiones donde el Poder Ejecutivo representado
por el Presidente de la República LIC. ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR y su Gabinete
violentan los Derechos Humanos, ya que no respeta los tratados internacionales que ha
venido ratificando, principalmente sobre las Garantías Judiciales como lo señala la
Convención Americana.
Exhortó a los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que es necesario
analizar y hacer valer el SISTEMA INTERAMERICANO DE DERECHOS HUMANOS que
encabeza la CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS y la autonomía de esta
honorable institución en favor de la dignidad humana.
Manifestó que es necesario generar una coordinación nacional de SEGURIDAD que cubra
aspectos interdisciplinarios, para que se pueda orientar al Gabinete de la de Seguridad y se
pueda implementar una estrategia efectiva con varios factores que ayuden a disminuir la
violencia que va en aumento, donde se deban considerar aspectos como : La prevención del
delito, programas que ayuden a la restructuración del tejido social, fortalecimiento de
organizaciones civiles de apoyo psicológico y atención a víctimas, programas efectivos desde
el nivel municipal y Estatal sobre cultura de paz, educación para la paz y aulas para la paz,
programas de reinserción social que permitan generar un cambio en las personas que han
cometido algún delito y la profesionalización del servicio público en la atención del posible
delito.
Lamentó que la 4T este militarizando al país, y que busque establecer un estado marcial
punitivo con acciones que violentan a todas luces el debido proceso, al no apoyarse con
estrategias que prevengan situaciones que están dañando el tejido social.
Consideró que México debe fortalecer la autonomía del Poder Judicial, generar mayor
control en los requisitos para ser Jueces Locales y Federales, certificación en los controles
de confianza mediante acciones de revisión constante para evitar la corrupción.
Señalo que México ha avanzado en materia de Derechos Humanos después de la Reforma
Política del 11 de Junio del 2011, y que este logro histórico no debe caer por presiones
políticas con el fin de tratar de poner orden, sin ninguna estrategia efectiva que ayude a
fortalecer la dignidad humana, ya que la omisión de una estrategia de seguridad también
debe ser considerada un acto de corrupción, al devengar un salario por servicios públicos
de seguridad ciudadana y no realizar estas actividades de manera eficiente.
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