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El gobierno de Donald Trump ha declarado oficialmente una nueva campaña militar denominada Operation Southern Spear, destinada a combatir lo que se ha etiquetado como “narco-terroristas” en el hemisferio occidental. Esta iniciativa, anunciada por el secretario de Defensa Pete Hegseth, marca un cambio significativo en la política exterior de Estados Unidos, que busca expandir su liderazgo militar más allá de sus fronteras tradicionales.

Aunque se han ofrecido pocos detalles operativos, el Pentágono reconoció que ya se han realizado al menos veinte ataques marítimos en la región del Caribe y el Pacífico cercano a las costas de América Latina. Esta operación genera inquietud entre varios países, ya que no está claro bajo qué marco legal se desarrollan estas acciones.

Las autoridades estadounidenses justifican la campaña como parte de la defensa del territorio nacional y del combate al tráfico de drogas, pero gobiernos en Latinoamérica califican las acciones como intervencionistas y violatorias del derecho internacional.

El anuncio también coincide con el despliegue de buques de la Marina de los EE.UU. en la zona y la movilización de tropas y aviones de apoyo. La presencia del portaaviones USS Gerald R. Ford en el Caribe es interpretada por analistas como una advertencia a gobiernos de la región.

Venezuela ha denunciado esta operación como una amenaza directa y ha movilizado a cientos de miles de efectivos en respuesta, elevando el riesgo de una escalada regional.

El término “narco-terroristas” difumina la línea entre crimen organizado y terrorismo, generando debate sobre el uso de fuerzas militares en situaciones que tradicionalmente corresponden a autoridades civiles.

Algunos países europeos han expresado preocupación por la falta de transparencia y ausencia de aval de organismos multilaterales. Esta situación podría tensar relaciones internacionales.

Dentro de Estados Unidos, la operación fortalece la narrativa del gobierno sobre seguridad nacional, pero también abre cuestionamientos si ocurren acciones sin claridad legal o víctimas civiles.

La región latinoamericana observa con cautela el desarrollo de esta estrategia, exigiendo transparencia y respeto a la soberanía.

El futuro de esta operación dependerá de su duración, sus resultados reales y del impacto político que genere tanto dentro como fuera de EE.UU.