La US Navy ha llevado a cabo al menos ocho ataques mortales contra embarcaciones en el Caribe y el Pacífico oriental, enmarcados bajo la lucha contra el narcotráfico y organizaciones armadas con conexiones venezolanas.
En estas operaciones han muerto 34 personas según cifras oficiales, lo que ha desatado cuestionamientos sobre la legalidad de los ataques y la falta de supervisión legislativa por parte del Congreso de Estados Unidos.
El gobierno del presidente Trump desplegó en la región buques de guerra, grupos anfibios y sistemas de vigilancia avanzada, reforzando su presencia militar bajo el argumento de proteger el hemisferio occidental.
Los gobiernos de Venezuela y Colombia reaccionaron con dureza: Caracas denunció una escalada militar y Bogotá acusó directamente a EE. UU. de matar a un pescador colombiano en el curso de una de estas acciones.
Frente a las críticas, Trump amenazó con sanciones económicas y recortar la ayuda exterior a los países que cuestionen la política antinarcóticos estadounidense.
Las autoridades estadounidenses evitan divulgar evidencia pública de los vínculos de las embarcaciones atacadas con el narcotráfico, lo que ha generado acusaciones de extralimitación y ejecuciones extrajudiciales.
Analistas advierten que esta estrategia puede socavar la cooperación regional, y que la retórica de “conflicto armado” contra los carteles abre un nuevo capítulo en la política hemisférica.
Las operaciones también ocurren en un contexto de tensiones mayores entre EE. UU. y gobiernos latinoamericanos aliados a Rusia o China, lo que añade una dimensión geopolítica a la cuestión.
Para el liderazgo estadounidense, estas acciones representan un mensaje de voluntad para intensificar la presión contra redes criminales transnacionales, aunque el elevado costo diplomático ya es evidente.