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Con 338 votos a favor y 126 en contra y cero abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este miércoles en lo general y en lo particular la Ley de Amparo, iniciativa de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, con el objetivo de actualizarla y sistematizarla con la reforma constitucional del Poder Judicial aprobada en septiembre pasado.
«La armonización de la Ley de Amparo con la reforma constitucional en materia del Poder Judicial no solo es un ajuste normativo sino un paso fundamental para garantizar el acceso a la justicia más ágil, efectivo, equitativo para todas y todos”, señaló el presidente de la Comisión de Justicia, Julio César Moreno Rivera.
El dictamen a la minuta, que reforma los artículos 103 y 107 de la Constitución Política, pasa de 8 a 6 el número de votaciones, de ministras o ministros, necesarias para que las decisiones de la Corte sean válidas para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas para los casos en que se establezca jurisprudencia por precedentes o por declaración de inconstitucionalidad de una norma general.
En tanto, que los ministros electos tomen protesta de su encargo ante el Senado el 1º de septiembre de 2025, la Suprema Corte se regirá por las reglas de votación contenidas en la Ley de Amparo vigente con anterioridad a la publicación de este decreto.
De acuerdo con el artículo 94 constitucional vigente, el máximo tribunal funcionará únicamente en Pleno, por lo que se ajustan las disposiciones que se refieren al funcionamiento y atribuciones de las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Asimismo, subraya que “el juicio de amparo no procede contra actos del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial. En lo que toca a las multas establecidas en la Ley de Amparo, sustituye el término salario mínimo por el de Unidad de Medida y Actualización”.
La reforma también contempla un lenguaje incluyente y armoniza términos como el «Distrito Federal» por «Ciudad de México», sustituye las referencias al Código Federal de Procedimientos Civiles por el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, y reemplaza «salario mínimo» por la “Unidad de Medida y Actualización» (UMA), para garantizar consistencia en la determinación de montos y sanciones.
También sustituye expresiones como «grupos vulnerables» por «grupos en situación de vulnerabilidad», a efecto de promover relaciones de respeto e igualdad entre los géneros.
«El uso del lenguaje incluyente y actualizado no solo mejora la claridad de la legislación, sino contribuye a la erradicación de la discriminación y la violencia estructural”, señala.
Morena Rivera agregó que esta iniciativa cumple con un mandato constitucional de adecuar la Ley de Amparo para que sea congruente con las modificaciones que ya fueron aprobadas en la Carta Maga, en el sentido de que el juicio de amparo es improcedente contra actos del Órgano de Administración Judicial y del Tribunal de Disciplina Judicial.
«Estas reformas son un paso más en la construcción de un país donde la justicia no sea un privilegio de unos cuantos, sino un derecho efectivo para todas y todos. Estamos fortaleciendo nuestra democracia, consolidando un Poder Judicial más eficiente, más justo y más transparente”, afirmó.
